Por Juan Manuel Ibarguren, Magíster en Administración de Servicios de Salud y Secretario General de CAMEOF
Desde hace décadas, el sistema de salud argentino se sostiene sobre una contradicción que ya no puede disimularse. Se exige calidad, acceso y continuidad asistencial, pero al mismo tiempo se empuja a quienes prestan salud a condiciones económicas que vuelven inviable su propia supervivencia. Clínicas, sanatorios, institutos y profesionales son convocados a garantizar un derecho esencial, aunque lo hacen en un marco de subfinanciamiento crónico, reglas inestables y profundas asimetrías que hoy ponen en riesgo no solo a los prestadores, sino al funcionamiento mismo del sistema.
No se trata de una coyuntura ni de un problema reciente. Los prestadores conviven desde hace años con aranceles persistentemente rezagados respecto de los costos reales, plazos de pago que destruyen el valor del ingreso en contextos inflacionarios y condiciones contractuales impuestas de manera unilateral. Cobrar a 60, 90 o más días en la Argentina no es una cuestión administrativa: es una transferencia silenciosa de recursos desde quienes producen salud hacia quienes la financian.
A esta ecuación se suma la falta de diálogo real. La relación entre financiadores y prestadores se ha ido vaciando de instancias de construcción conjunta, reemplazada por decisiones unilaterales y posiciones dominantes que profundizan la incertidumbre. Así, quien presta salud no solo enfrenta los riesgos propios de la economía argentina, sino una fragilidad adicional derivada de un sistema de financiamiento desequilibrado.
Los números del último año lo muestran con claridad. Con una inflación acumulada en torno al 31,5%, las empresas de medicina prepaga aumentaron sus cuotas, en promedio, cerca de un 27%. Sin embargo, los incrementos trasladados a los prestadores fueron, en el mejor de los casos, del 12%. Esta brecha no es anecdótica: es estructural. Y coloca a los efectores —a quienes realizan efectivamente los actos médicos— en una situación de inviabilidad económica, comprometiendo la calidad, la seguridad y la continuidad de la atención.
Resulta llamativo que, en otros servicios esenciales, la sociedad haya comprendido que es necesario pagar tarifas que reflejen los costos reales. Energía, transporte o comunicaciones son ejemplos claros. En salud, en cambio, persiste una negación peligrosa. Es imprescindible asumir una verdad incómoda: la salud debe pagarse, al menos, por lo que cuesta. Y aun así, lo que cuesta no siempre refleja lo que vale. Porque el valor de la salud es social, humano y estratégico, y excede cualquier planilla de cálculo.
Este escenario expone una carencia más profunda: la ausencia de políticas públicas claras y sostenidas en el tiempo. El debate sobre el rol del Estado en salud suele oscilar entre la intervención discrecional y la retirada silenciosa. Ninguno de esos extremos resuelve el problema. El Estado debe ejercer su función de rector: ordenar, regular, evaluar y garantizar reglas previsibles que equilibren responsabilidades entre financiadores, prestadores y beneficiarios.
En ese marco, resulta impostergable que funcione de manera técnica, independiente y eficaz una comisión de evaluación de nuevas tecnologías sanitarias. Incorporar prestaciones sin evaluar su efectividad clínica, su viabilidad económica y su accesibilidad real solo profundiza el desorden. Pero retrasar indefinidamente la actualización tecnológica también deteriora la calidad de atención. Sin criterios claros, el sistema queda atrapado entre el atraso y la inviabilidad financiera.
La discusión de fondo, sin embargo, va más allá. La Argentina necesita avanzar hacia una cobertura universal básica, explícita y común a todo el sistema, que ordene derechos y obligaciones con criterios de equidad. Ello exige revisar un Programa Médico Obligatorio cuya vigencia resulta cada vez más discutible y cuyo alcance es parcial, ya que no rige para todos los actores del sistema, generando desigualdades y vacíos de cobertura.
Estas tensiones se manifiestan con especial crudeza en la salud visual y, particularmente, en la oftalmología. Se trata de una especialidad intensiva en tecnología, insumos importados y capital humano altamente calificado. La pérdida de visión no es un problema menor: impacta en la autonomía, la productividad y la inclusión social. Subfinanciar la oftalmología es, en los hechos, hipotecar el capital humano de una sociedad que envejece y demanda cada vez más este tipo de prestaciones.
A todo ello se suma el efecto, muchas veces ignorado, de los precios máximos, explícitos o implícitos. No siempre los impone el Estado; con frecuencia surgen de la posición dominante de los financiadores. La evidencia es conocida: cuando los precios se fijan por debajo de los costos reales, los daños colaterales son inevitables. Desinversión, deterioro de la calidad, reducción de la oferta y expulsión de profesionales del sistema son solo algunas de sus consecuencias.
La crisis de los prestadores no es un reclamo sectorial ni corporativo. Es una señal de alarma que interpela al conjunto del sistema de salud. Persistir en la inacción equivale a aceptar un deterioro progresivo de la capacidad sanitaria del país.
Como advertía Dostoyevski, “el grado de civilización de una sociedad se mide por la manera en que trata a sus miembros más vulnerables”. En el sistema de salud, esos miembros más vulnerables son los pacientes, cuya protección efectiva depende de que existan prestadores viables, capacitados y sostenibles.
Porque en salud no hay atajos: sin prestadores no hay salud.