La diputada provincial presentó un proyecto de ley para impedir que los productores sean excluidos del Fondo Compensador Agrícola por sus antecedentes de siniestralidad. La iniciativa reemplaza la exclusión por un sistema de aportes diferenciales sustentables, reconoce a quienes aportaron históricamente sin recibir compensaciones e impulsa facilidades concretas para los pequeños productores.
Gabriela Lizana presentó un proyecto de ley destinado a modificar las condiciones de acceso al Fondo Compensador Agrícola de Mendoza. La iniciativa busca revertir la disposición vigente que impide adherir en la temporada siguiente a aquellos productores que hayan sido indemnizados en tres o más oportunidades durante las últimas cinco temporadas.
“El productor no puede ser castigado porque le cayó granizo o tuvo heladas varias veces. La reiteración de una contingencia climática no depende de él y, justamente, quien está más expuesto es quien más necesita que exista un sistema de cobertura”, sostuvo Lizana.
La iniciativa establece como principio central que ningún productor podrá ser excluido, impedido de adherir o privado de cobertura exclusivamente por su historial climático. Esto incluye expresamente a quienes hayan recibido compensaciones o hayan sido alcanzados por declaraciones de Emergencia o Desastre Agropecuario en tres o más ocasiones en los últimos cinco años.
Aportes diferenciales en lugar de exclusión
El proyecto no elimina la posibilidad de considerar el nivel de riesgo para preservar la sustentabilidad financiera del Fondo, sino que reemplaza la exclusión tajante por un esquema graduado de bandas de aportes.
Los productores con cero o una declaración de emergencia o desastre mantendrán el aporte base; quienes registren dos podrán tener un recargo de hasta el 15%; y quienes acumulen tres o más tendrán un aporte diferencial con un tope máximo del 30%. Este porcentaje toma como referencia el mecanismo utilizado por la propia administración provincial en la temporada 2025-2026, cuando se aplicó un recargo del 30% a los productores de mayor siniestralidad en lugar de dejarlos fuera de la cobertura.
“Si es necesario diferenciar el aporte por riesgo, discutamos técnicamente cómo hacerlo. Lo que no podemos aceptar es que esa diferenciación termine transformándose en una barrera que deje afuera al productor”, señaló Lizana.
Asimismo, quienes acrediten inversiones o medidas verificables de prevención y mitigación —como instalación de malla antigranizo, sistemas de defensa contra heladas, monitoreo o alerta temprana— tendrán derecho a una reducción directa de dicho recargo.
Reciprocidad para quienes aportaron y no tuvieron siniestros
La iniciativa incorpora un criterio de estricta equidad y reciprocidad con los productores que sostienen el sistema año a año.
Aquellos productores que hayan adherido al Fondo durante cinco temporadas consecutivas, cumplido regularmente con sus cuotas y no hayan recibido compensaciones en dicho período, obtendrán un Crédito de Permanencia equivalente al valor de tres aportes anuales, utilizable para futuras adhesiones.
“Si para evaluar a un productor miramos hacia atrás y contamos cuántas veces recibió una compensación, también debemos mirar cuántos años aportó sin recibir nada. La historia tiene que contar para los dos lados”, explicó la legisladora.
Facilidades para pequeños productores
Para garantizar un acceso inclusivo a las pequeñas explotaciones agropecuarias de hasta 10 hectáreas, la propuesta contempla la posibilidad de financiar el aporte anual en hasta ocho cuotas mensuales, prevé una modalidad optativa de cobertura parcial con aporte proporcionalmente menor y asegura un descuento no inferior al 10% para adhesiones tramitadas mediante cooperativas o asociaciones de productores.
Un Fondo sustentable y con participación de los productores
Para fortalecer la solidez financiera del sistema, el proyecto impulsa la creación de un Fondo de Reserva y Estabilización, la contratación de mecanismos de reaseguro y la gestión de financiamiento climático nacional e internacional. Además, se crea el Consejo Consultivo del Fondo Compensador Agrícola, integrado por productores, cooperativas, municipios con mayor exposición climática y una universidad pública.
Toda modificación sustancial en materia de aportes, coberturas o beneficios deberá contar con un informe técnico y actuarial auditado por una universidad pública u organismo independiente, publicado previamente a la apertura del período de adhesión.
Finalmente, se dispone la aplicación inmediata de esta ley a los procesos de adhesión vigentes, permitiendo que los productores rechazados o excluidos bajo los criterios anteriores soliciten formalmente su reincorporación.
“El Fondo Compensador tiene que ser financieramente sostenible, pero nunca puede perder de vista para qué fue creado. Frente a un clima cada vez más incierto, la respuesta no puede ser dejar afuera al productor que tuvo la mala suerte de sufrir más contingencias. Tenemos que protegerlo y, al mismo tiempo, construir un sistema sustentable, transparente y previsible para todos”, concluyó Lizana.