El sitio de noticias Agenda Industrial consultó al Dr. Favio Casarín, geólogo, abogado y referente en derecho minero, sobre el futuro de la Ley de Glaciares y su impacto en los proyectos de cobre y litio que hoy esperan definiciones. El especialista fue contundente: la norma “nació mal, con un origen más político que técnico”, y sus ambigüedades podrían frenar inversiones por más de 15.000 millones de dólares si no se la aclara antes de julio de 2026, fecha límite para ingresar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
En diálogo con Agenda Industrial, Casarín explicó que la ley 26.639 surgió como respuesta al clima antiminería posterior a la ley 5001 de Chubut y no de un diagnóstico hídrico serio. Por eso, aseguró, hace más de una década se advertía que traería problemas. La falta de políticas mineras durante los gobiernos de Cristina Fernández, Mauricio Macri y Alberto Fernández dejó la discusión en pausa, pero hoy la transición energética mundial vuelve urgente revisarla.
El experto sostuvo que no se trata de elegir entre minería o agua, sino entre improvisación y técnica. Recordó que la Corte Suprema validó la ley como Presupuesto Mínimo Ambiental en 2019, por lo que ninguna provincia puede flexibilizarla por su cuenta: “Cualquier intento local de reducir protección sería declarado inconstitucional”.
Casarín propone una salida intermedia: una ley aclaratoria votada por el Congreso que precise el concepto de “ambiente periglacial”, restringiéndolo a zonas con permafrost real y glaciares de escombros, y liberando la alta montaña sin hielo permanente. Según explicó, solo el 1% de la Cordillera tiene presencia glaciar o de escombros con función hídrica, por lo que la redacción actual exagera la zona de exclusión y genera inseguridad jurídica para la minería.
También remarcó que el federalismo debe funcionar como coordinación entre Nación y provincias, no como flexibilización. “La Nación fija el piso ambiental, las provincias pueden subirlo, nunca bajarlo”, señaló. En ese marco, insistió en que cualquier reforma debe respetar el fallo de la Corte y el principio de no regresión ambiental.
La cuenta regresiva preocupa al sector. Sin una delimitación clara del ambiente periglacial, proyectos como Los Azules, El Pachón y Josemaría podrían quedar fuera del RIGI porque las empresas no invertirán miles de millones sin certezas legales. Casarín advierte que la oportunidad se mide ahora “en días, pronto en horas”, y que Chile y Perú no esperan.
Consultado sobre qué vía daría mayor seguridad jurídica —DNU, nueva ley o fallo de la Corte—, Casarín no dudó en señalar que la ley aclaratoria es la única solución sólida y definitiva. Un DNU generaría litigios inmediatos y un caso judicial prolongaría la incertidumbre. Una ley precisa y consensuada, en cambio, permitiría proteger el agua y destrabar inversiones.
El especialista también se refirió al debate sobre el riesgo hídrico. Afirmó que la tecnología moderna —incluyendo monitoreo satelital, inteligencia artificial y sistemas de “cero descarga”— reduce significativamente los riesgos, aunque no los elimina por completo. Por eso sostuvo que la regulación debe basarse en ciencia, no en consignas, para diferenciar áreas de reserva hídrica real de zonas de montaña sin riesgo.
Casarín concluyó que seguir postergando definiciones equivale a resignar competitividad y desarrollo: “Argentina no puede darse el lujo de perder otra vez. No es agua o minería. Es improvisación o seriedad técnica”.