El debate por la política pública en materia de discapacidad volvió a escalar en las últimas horas tras el duro pronunciamiento del Consejo Consultivo de Discapacidad, que salió a cuestionar con firmeza el proyecto del Poder Ejecutivo para modificar la Ley de Emergencia en el sector. La entidad advirtió que la iniciativa oficial no solo altera un marco normativo vigente, sino que además podría comprometer derechos básicos de una población históricamente vulnerable.
La titular del organismo, Mónica Bianchi, fue categórica al fijar posición: “Estamos ante un retroceso inaceptable. Esta ley no es una concesión, es el resultado de años de lucha y consenso parlamentario”, sostuvo en declaraciones difundidas por la entidad.
El eje del conflicto radica en la intención del Ejecutivo de introducir cambios sobre una norma que tuvo un recorrido legislativo complejo. Según recordaron desde el Consejo, la ley fue sancionada por ambas cámaras del Congreso, luego vetada por el propio Gobierno y finalmente ratificada por el Parlamento, lo que obligó incluso a recurrir a la Justicia Federal para garantizar su reglamentación y vigencia efectiva.
En ese contexto, Bianchi remarcó que “no se puede modificar por la vía administrativa lo que fue ratificado por el Congreso y respaldado judicialmente”, y alertó sobre el impacto concreto que tendrían los cambios propuestos.
Entre los puntos más sensibles, el Consejo señaló que la reforma pondría en jaque el Sistema de Prestaciones Básicas contemplado en la Ley 24.901, clave para la cobertura integral de las personas con discapacidad. También cuestionó la posible alteración del esquema de compensación a prestadores mediante el nomenclador único, herramienta central para garantizar la continuidad de los servicios.
Otro de los aspectos que encendió las alarmas es la situación de las pensiones no contributivas. Según el comunicado, el proyecto oficial buscaría reinstalar la incompatibilidad entre el cobro de la pensión y el acceso al trabajo formal, además de imponer un reempadronamiento obligatorio para los beneficiarios. “Esto desalienta la inclusión laboral y vuelve a colocar a miles de personas en una lógica asistencialista que ya creíamos superada”, advirtió Bianchi.
Desde el organismo insistieron en que la eventual aprobación de la reforma podría tener consecuencias directas sobre la calidad de vida de los beneficiarios. “No se trata solo de números o de partidas presupuestarias, estamos hablando de derechos adquiridos y del acceso a una vida digna”, enfatizó la titular del Consejo.
La polémica abre un nuevo frente de tensión entre el Gobierno y las organizaciones vinculadas a la discapacidad, que anticipan un escenario de fuerte resistencia en el ámbito legislativo y judicial si el proyecto avanza en el Congreso. Mientras tanto, el sector se mantiene en estado de alerta frente a una iniciativa que, aseguran, redefine las reglas de un sistema clave para miles de argentinos.