El 4 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Salud Sexual Integral, un derecho clave para reducir la desigualdad y promover el bienestar de mujeres y jóvenes. En este contexto, Argentina se consolidó como un caso de referencia en la región gracias a la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), vigente en todos los niveles del sistema educativo.
Según la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la fecundidad adolescente se redujo un 64% entre 2005 y 2023, mientras que la de niñas de 10 a 12 años descendió un 72% entre 2017 y 2023. Estos resultados muestran cómo las políticas públicas sostenidas en educación y salud sexual integral generan impactos reales en la vida de niñas y adolescentes.
Este tipo de avances adquiere aún más relevancia si se considera que, a nivel global, las mujeres pasan un 25% más de tiempo con “mala salud” que los hombres, afectando no solo su bienestar sino también la economía. Según el Instituto de Salud McKinsey, reducir esta brecha permitiría que 137 millones de mujeres accedan a empleos de tiempo completo para 2040 y generar un impacto económico de al menos un billón de dólares anuales.
El Día de la Salud Sexual Integral visibiliza justamente la importancia de los derechos sexuales para el bienestar y dignidad de cada individuo. Para la OMS, la salud sexual integral contempla el bienestar físico, emocional, mental y social ligado a la sexualidad, garantizado cuando se vive de forma segura, inclusiva y libre de discriminación. Resguardar este derecho es clave para avanzar en los compromisos de la Agenda 2030, en especial el ODS 3 (salud y bienestar) y el ODS 5 (igualdad de género), que buscan asegurar igualdad de oportunidades en el acceso a la salud sexual y reproductiva.
La salud sexual integral va más allá del bienestar individual: es una herramienta fundamental para reducir las brechas de género en la región. Garantizar el acceso a información, educación y servicios de salud ayuda a prevenir embarazos adolescentes, sostener la trayectoria educativa de las y los jóvenes y ampliar sus oportunidades sociales y económicas. Según la OMS, los países que fortalecen estas políticas no solo logran reducir los embarazos tempranos, sino que también mejoran la salud materna, disminuyen los matrimonios infantiles y promueven mayor igualdad en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
En América Latina y el Caribe, la tasa de embarazo adolescente se mantiene como la segunda más elevada a nivel mundial. En ese sentido, la combinación de educación, acceso a métodos anticonceptivos y acompañamiento territorial resulta clave: se estima que el embarazo adolescente y la maternidad temprana cuestan 15.300 millones de dólares al año en 15 países de la región.
Pro Mujer coopera con la OMS para mejorar las condiciones de salud de las mujeres latinoamericanas con un enfoque específico en interculturalidad y etnicidad, y trabaja desde hace 35 años para promover el bienestar integral de las mujeres con un enfoque preventivo, inclusivo y centrado en sus necesidades. “Abordar estos desafíos requiere una combinación articulada de políticas de salud y educación, junto con el fortalecimiento del empoderamiento y la alfabetización en salud de las mujeres, condición indispensable para que puedan ejercer plenamente sus derechos”, señaló Marcela del Aguila, directora global de servicios de salud de Pro Mujer.
Entre los avances logrados, se cuenta el hecho de que la mayoría de los países de la región ya cuentan con programas o leyes que promueven la salud sexual y reproductiva con un enfoque integral y de derechos.
La evidencia es clara: invertir en salud sexual integral genera impactos sostenibles en la salud pública, la equidad de género y el desarrollo económico.