Mientras el Gobierno pregona competencia y ahorro, el hospital pediátrico más importante del país vuelve a beneficiar a la misma empresa de limpieza tras dos décadas, en una adjudicación que despierta críticas por su costo y por la exclusión de oferentes más baratos.
Durante más de veinte años, la empresa Floor Clean S.A. mantiene el control del servicio de limpieza del Hospital de Pediatría Hospital Garrahan, una concesión que, lejos de interrumpirse, acaba de ser nuevamente preadjudicada por una cifra que supera los $27.000 millones. La decisión, tomada en medio del discurso oficial de ajuste y apertura de mercados, encendió alertas dentro y fuera del sector sanitario.
El esquema se remonta a los años ’90, cuando bajo la presidencia de Carlos Menem se consolidó la tercerización de servicios en organismos públicos. Desde entonces, áreas clave como limpieza, seguridad y gastronomía quedaron en manos privadas, generando contratos millonarios que, según distintas fuentes, rara vez son auditados con profundidad.
La situación actual se da en un contexto político atravesado por tensiones internas dentro del gobierno de Javier Milei, con diferencias que salpican a figuras cercanas como Karina Milei y Santiago Caputo. En ese escenario, la decisión del consejo de administración del hospital —integrado por Mariel Sánchez, César Avellaneda, Jorge Menehem y Oscar Pérez— no pasó desapercibida.
El dato que genera mayor controversia no es solo el monto adjudicado, sino el procedimiento. Empresas que participaron de la licitación aseguran haber sido descartadas mediante criterios formales que, según denuncian, impidieron una verdadera competencia de precios. Varias de esas firmas habían presentado propuestas más económicas.
Fuentes del sector describen el mecanismo como “un descarte sistemático” que favorece al proveedor histórico. “Se aplican exigencias técnicas o administrativas de manera selectiva para evitar que el prestador de siempre tenga que competir”, explican. El resultado: una licitación que, en lugar de reducir costos, termina consolidando un esquema preexistente.
La paradoja se vuelve más evidente si se la compara con el reciente conflicto del Gobierno con el grupo de Paolo Rocca, donde se impulsó la apertura internacional para bajar precios en la provisión de insumos industriales. En el Garrahan, en cambio, el proceso parece haber seguido el camino inverso.
A esto se suma otro elemento que alimenta las críticas: mientras la licitación avanzaba, el hospital continuó pagando cifras millonarias a la misma empresa. Solo en enero de 2026, se autorizó un desembolso superior a los $923 millones por el servicio de limpieza, cifra similar a la de diciembre. La continuidad de estos pagos refuerza la idea de un vínculo difícil de interrumpir.
Todo ocurre en un hospital atravesado por conflictos. Las protestas del personal médico por salarios bajos dominan la escena pública, pero por debajo emerge otra discusión menos visible: el peso de los contratos tercerizados en las finanzas de la institución. Mientras algunos rubros comienzan a normalizarse, el costo del servicio de limpieza sigue siendo el principal foco de cuestionamientos.
En un contexto de ajuste fiscal, el caso del Garrahan se transforma así en un símbolo incómodo: un engranaje del Estado donde la promesa de eficiencia convive con prácticas que, para muchos, remiten a la vieja lógica de los contratos perpetuos.