Prof. Dr. Osvaldo H. Heguy (Abogado)
Hay momentos en los que un país deja de parecer un país y empieza a parecer una escena escrita por alguien que perdió el control del guion y se ha vuelto un acto circense, pues bien Argentina está atravesando uno de esos momentos.
Mientras una parte de la sociedad hace cuentas para llegar a fin de mes, otra discute candidaturas. Mientras millones de argentinos miran el precio de los alimentos, del alquiler, de la medicina o de la cuota de la tarjeta, la dirigencia empieza a mirar, cada vez con mayor ansiedad, el calendario electoral de 2027.
Y mientras todo eso ocurre, la Justicia sigue acumulando expedientes que atraviesan a funcionarios, empresarios, dirigentes y personas que alguna vez estuvieron cerca de los centros de poder.
La escena tiene algo de absurdo. Casi de grotesco. Como si alguien hubiera armado un enorme escenario político en el que todos los actores discuten apasionadamente quién debe quedarse con el papel principal, mientras detrás del telón se incendia parte del decorado, la ciudadanía, entretanto, sigue esperando.
Y quizá esa sea la imagen más exacta de la Argentina actual: mientras algunos circulan por la autopista principal, con las luces encendidas y las cámaras apuntándolos, la mayoría transita por la colectora, esa es la otra Argentina.
Es la Argentina de quien trabaja y no sabe cuánto le quedará después de pagar sus obligaciones. Es la de quien busca empleo. La de quien abre la aplicación del banco antes de entrar al supermercado para saber cuánto saldo tiene disponible. Es la del jubilado que calcula qué medicamento puede comprar este mes y cuál tendrá que postergar. Es la del padre que mira a sus hijos y se pregunta si podrá ofrecerles las mismas oportunidades que alguna vez recibió.
Eso no significa que la política electoral sea irrelevante. Una democracia necesita elecciones, partidos, oposición, oficialismo y debate. El problema aparece cuando la discusión por el poder empieza a ocupar prácticamente todo el espacio público y desplaza la discusión sobre aquello que verdaderamente debería importar: qué clase de país estamos construyendo, porque mientras la política comienza a hablar de 2027, todavía hay argentinos intentando resolver 2026.
Y allí empieza a abrirse una grieta mucho más profunda que cualquier grieta partidaria: la distancia entre la Argentina que discute la política y la Argentina que padece sus consecuencias.
La economía puede medirse con índices, porcentajes y estadísticas. Pero existe otra economía que no aparece fácilmente en los discursos oficiales: la economía doméstica, esa que empieza cuando termina la conferencia de prensa, es la economía de la heladera, del alquiler, del supermercado, del transporte, de la cuota escolar, de la tarjeta y de la farmacia.
Porque cuando el dinero no alcanza, la ideología pierde buena parte de su capacidad de consuelo.
El argentino puede ser liberal, peronista, radical, socialista, conservador o simplemente indiferente. Pero cuando llega a la caja del supermercado, todos utilizan la misma moneda.
Ese es el punto que muchas veces se pierde cuando la política convierte la realidad en una batalla estadística, un gobierno muestra el indicador que le conviene, la oposición muestra el que le conviene, uno celebra, la otra denuncia.
Hay, además, otra dimensión que se ha instalado con enorme fuerza en la Argentina: la judicialización permanente de la política. Nuestra democracia parece haberse acostumbrado a vivir con un expediente bajo el brazo. Cada escándalo genera una denuncia. Cada denuncia genera una investigación. Cada investigación produce una declaración política. Y cada declaración política genera una nueva discusión pública.
La Justicia tiene que investigar, por supuesto, Esa es precisamente su función. Pero una democracia sana necesita algo más que tribunales funcionando. Necesita ciudadanos capaces de confiar en ellos, pero allí tenemos un problema.
Cuando una causa judicial es interpretada inmediatamente como una operación política si alcanza a alguien de nuestro espacio y como una prueba irrefutable de corrupción si alcanza al adversario, la Justicia deja de ser vista como institución y comienza a ser utilizada como argumento partidario y eso es peligrosísimo.
Porque el principio de inocencia no puede depender de nuestra simpatía política, pero la culpabilidad tampoco.
Una persona imputada no es necesariamente culpable. Y una persona que pertenece a nuestro espacio político no deja de ser sospechosa por el simple hecho de pertenecer a él, la ley debería estar por encima de la camiseta.
Precisamente por eso resulta imposible ignorar episodios como el que actualmente involucra a Fernando Cerimedo, consultor político argentino vinculado al universo de Javier Milei, quien fue detenido en Bolivia e imputado por tentativa de femicidio en una causa en la que la Fiscalía solicitó prisión preventiva y cuya defensa sostiene una versión diferente de los hechos, no corresponde condenar desde una columna periodística a quien todavía no ha sido condenado.
Pero tampoco corresponde negar que la política tiene una responsabilidad propia, distinta de la responsabilidad penal, cuando una persona ha formado parte de un círculo de confianza, asesoramiento o influencia alrededor del poder, resulta legítimo preguntarse cómo se construyen esas relaciones y qué mecanismos existen para controlar a quienes operan cerca de quienes toman decisiones.
Y aquí aparece una pregunta incómoda que deberíamos empezar a formularnos con mayor seriedad: ¿quién controla a quienes ayudan a construir el relato del poder?
Cuando alguien utiliza ilegítimamente el poder público para obtener un beneficio privado, el problema no es su ideología. El problema es el delito.
Y cuando un funcionario, un empresario, un intermediario o cualquier persona vinculada al Estado queda involucrada en una investigación, la respuesta institucional debería ser siempre la misma: investigar, respetar las garantías constitucionales y dejar que la prueba determine las responsabilidades.
Lo que no podemos seguir haciendo es convertir la corrupción en una cuestión selectiva, porque si la corrupción solamente nos preocupa cuando la comete el adversario, entonces no estamos defendiendo la República, en verdad estamos defendiendo a nuestro equipo y una República no puede funcionar como una cancha de fútbol.
Porque una democracia no se deteriora únicamente cuando un funcionario roba. También se deteriora cuando una parte de la sociedad considera aceptable que robe “el suyo” porque el otro robó antes.
Se deteriora cuando dejamos de defender principios para defender personas, se deteriora cuando la política se convierte en una identidad emocional y ya no en una herramienta para organizar la vida colectiva.
El oficialismo, por supuesto, tiene una responsabilidad enorme, no solamente porque gobierna, sino porque llegó al poder prometiendo una transformación profunda de la Argentina. La sociedad que votó ese cambio no le entregó un cheque en blanco: le entregó una responsabilidad, gobernar significa hacerse cargo.
Porque quizás la historia no nos juzgue por quién ganó la próxima elección, seguramente nos juzgue por algo mucho más sencillo, por haber tenido la oportunidad de cambiar el rumbo y haber estado demasiado ocupados discutiendo quién tenía el volante.