ELDELEGADO accedió al expediente judicial y comprobó que el relato mediático del dueño de Piegari se derrumba frente a una verdad incómoda: salarios en negro, sueldos impagos, jornadas extenuantes y un trabajador enfermo abandonado en plena pandemia. La Justicia no inventó nada: simplemente constató abusos que se sostuvieron durante 26 años.
La historia que un sector empresarial intentó presentar como una injusticia contra un “empresario ejemplar” terminó convirtiéndose en un boomerang cuando se conocieron los detalles del fallo. Todo lo que Isaac Alberto “Tito” Chinkies buscó instalar mediáticamente quedó pulverizado cuando ELDELEGADO revisó el expediente del juicio laboral que perdió frente a un mozo que trabajó 26 años en el restaurante más exclusivo de Recoleta.
Piegari S.A. fue condenada en agosto por el Juzgado Nacional del Trabajo N°49 a pagar $9.429.176 más intereses, pero el escándalo que enfrenta hoy el empresario no surge del monto, sino del cúmulo de irregularidades que la jueza dio por probadas: pagos en negro, aportes deficientes, sueldos impagos durante la cuarentena estricta y una relación laboral precarizada de punta a punta. Pese a eso, Chinkies eligió instalar la idea de que él es la víctima de un sistema laboral “inviable”.
El mozo denunció una jornada real de seis días por semana, diez horas diarias y un salario de $100.000 en 2020, de los cuales sólo $40.000 figuraban en blanco. Los otros $60.000 se pagaban en efectivo como propinas sistemáticas que jamás fueron registradas y que representaban el 60% de su ingreso total. Durante más de dos décadas, Piegari pagó menos aportes, menos cargas sociales y menos indemnización potencial gracias a esa “práctica” que ahora el empresario pretende minimizar.
En junio de 2020, y en plena pandemia, el trabajador –paciente de alto riesgo por EPOC– fue licenciado verbalmente por la empresa “hasta que concluya la pandemia”. No obstante, Piegari le exigió volver al trabajo en modalidad delivery, aun sin haberle pagado los salarios de marzo, abril y mayo. ELDELEGADO constató en el expediente que la empresa sólo abonó el ATP del Estado, pero no la parte correspondiente al empleador.
Nada de esto fue considerado “exagerado” por la jueza Lucrecia Pedrini, que dio por probado el despido indirecto, reconoció las propinas como parte esencial del salario y calificó como ciertos los salarios impagos de abril y mayo. La mejor remuneración mensual del mozo quedó fijada en $117.736, un número que contradice por completo la versión edulcorada que Chinkies difunde públicamente.
El empresario, en lugar de asumir las irregularidades acreditadas, prefirió hablar de una deuda “que ya supera los 200 millones de pesos” por los intereses acumulados. Sin embargo, ese monto sideral no es producto de la ley laboral, sino del largo historial de incumplimientos que quedaron expuestos judicialmente y de su propia decisión de no pagar lo que correspondía en tiempo y forma. El embargo preventivo de $160 millones que pesa sobre el restaurante tampoco es político ni mediático: es una medida legal común en casos en los que una empresa acumula semejante deuda con un trabajador.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo deberá resolver la apelación, pero lo que ya está claro es que el discurso de victimización del dueño de Piegari no resiste una sola línea del expediente judicial. Los hechos hablan solos: empleo en negro, sueldos impagos, precarización y un trabajador enfermo dejado a la deriva en la peor fase de la pandemia.
Este caso muestra, con contundencia, por qué las indemnizaciones son un derecho fundamental y no un “obstáculo” a remover, como proponen los proyectos de reforma laboral. Cuando un empresario puede precarizar durante décadas y luego pretender conmiseración mediática por tener que pagar lo que la ley exige, queda claro que eliminar las indemnizaciones no solucionaría nada: sólo habilitaría más abusos como los que quedaron al desnudo en Piegari.