Tras el cierre del Sanatorio Sudeste en Marcos Juárez, el diputado Juan Fernando Brügge apuntó contra el Gobierno por el desfinanciamiento del PAMI y denunció que se está obligando a jubilados, ancianos y personas con discapacidad a viajar por sus propios medios más de 100 kilómetros hasta Villa María para poder atenderse
La escena se repite con una crudeza cada vez más difícil de disimular: puertas que se cierran, camas que desaparecen, médicos que ya no están y pacientes que deben viajar cientos de kilómetros para acceder a una atención que, hasta hace poco, tenían a la vuelta de su casa. Lo que durante meses fue una advertencia, hoy empieza a materializarse en hechos concretos.
En ese marco, el accionar de Brügge en el Congreso no es nuevo. Desde su rol como presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, el legislador ya impulsó pedidos de informes, planteos formales y advertencias públicas para exigirle al PAMI la regularización de pagos a hospitales municipales. Además, anticipó iniciativas parlamentarias para obligar al organismo a rendir cuentas y reclamó un plan urgente de cancelación de deudas, frente a un escenario que —según viene sosteniendo— amenaza con desbordar los sistemas de salud locales.
En Marcos Juárez, el cierre del Sanatorio Sudeste no es solo la caída de una institución. Es el símbolo de un sistema que se rompe. Desde el 1° de abril, más de 5.500 afiliados del PAMI deberán reorganizar su atención bajo un esquema que los obliga a trasladarse hasta Villa María para acceder a prácticas de mayor complejidad. Más de 100 kilómetros de distancia que, para muchos jubilados, no son solo un viaje: son una barrera.
El comunicado oficial del organismo, lejos de llevar tranquilidad, dejó más dudas que certezas. Mientras se garantiza la continuidad de los médicos de cabecera en la ciudad, todo lo demás —guardias, internaciones, especialidades— queda sujeto a derivaciones externas. La salud, fragmentada. El acceso, condicionado.
Detrás de esa postal hay una causa que se repite como un eco en todo el país: el atraso en los pagos del PAMI a prestadores y hospitales. Una deuda que no solo desfinancia, sino que empuja al límite a instituciones que durante años sostuvieron la atención de los jubilados.
Las autoridades del Sanatorio Sudeste lo dijeron sin rodeos: durante más de diez meses intentaron sostener la actividad, gestionar soluciones y evitar el cierre. No lo lograron. El desfasaje arancelario y la falta de respuestas concretas terminaron por sellar un final anunciado.
En paralelo, los municipios empiezan a sentir el peso de una carga que no les corresponde. Hospitales públicos que atienden a afiliados del PAMI con recursos propios, intendencias que absorben costos crecientes y sistemas locales que comienzan a mostrar signos de agotamiento.
Es en ese contexto donde la voz de Brügge cobra una dimensión distinta. No se trata de un reclamo reciente ni oportunista. Es una advertencia sostenida en el tiempo que, ahora, encuentra su correlato en la realidad.
“El PAMI tiene la obligación legal y ética de cumplir con los convenios”, insistió el legislador, quien viene denunciando desde hace meses el incumplimiento de pagos a hospitales municipales en todo el país. Su diagnóstico es claro: el Estado nacional está trasladando el costo de la salud de los jubilados a los municipios.
Para Brügge, el problema no es solo financiero. Es estructural. “Los municipios no pueden convertirse en financiadores involuntarios del sistema”, advirtió, al tiempo que remarcó que cada peso que no llega desde Nación impacta directamente en la calidad y continuidad de las prestaciones.
Los antecedentes refuerzan la gravedad del escenario. En provincias como Neuquén, los conflictos por deudas del PAMI ya escalaron a instancias judiciales, con cientos de expedientes acumulados por servicios prestados y nunca saldados. Un síntoma de un problema que no distingue geografías.
Mientras tanto, en cada localidad, la historia se repite con matices propios pero con un mismo desenlace: menos servicios, más presión sobre los sistemas públicos y una creciente desigualdad en el acceso a la salud.
El cierre del Sudeste, en ese sentido, no es un hecho aislado. Es una señal. Una advertencia concreta de lo que puede multiplicarse si no hay una respuesta inmediata.
Por eso, Brügge redobló su ofensiva y anticipó que impulsará nuevas acciones parlamentarias para exigir explicaciones y reclamar un plan urgente de regularización de las deudas. La preocupación, asegura, ya es generalizada entre intendentes de distintas provincias.
“El Estado nacional no puede desentenderse de sus obligaciones”, sostuvo con firmeza. Y dejó una frase que resume el drama en curso: “Cuando el PAMI no paga, no solo se desfinancia un hospital. Se pone en riesgo la salud de millones de jubilados”.
En un país donde el sistema sanitario ya funciona al límite, el desfinanciamiento no es un dato técnico. Es una bomba de tiempo. Y, según advierten desde distintos sectores, ya empezó a explotar.