Las entidades prestadoras de servicios oftalmológicos de todo el país manifiestan su profunda preocupación frente a la reciente decisión del PAMI de bloquear de manera discrecional la atención a pacientes, sin criterios técnicos transparentes ni parámetros clínicos verificables.
En las últimas semanas, diversos medios nacionales —Infobae, Clarín, La Nación, entre otros— publicaron artículos oficiales donde el organismo informó que habría detectado presuntas “sobrefacturaciones” en prestaciones oftalmológicas.
Sin embargo, la medida adoptada por el PAMI excede cualquier razonabilidad, ya que paraliza la atención de miles de afiliados sin un procedimiento claro de auditoría, sin comunicación formal a los prestadores, sin dictámenes técnicos disponibles y sin permitir instancias de revisión o descargo.
Impacto directo sobre los adultos mayores
Esta decisión administrativa —arbitraria, imprecisa y sin sustento clínico verificable— afecta directamente el acceso de los adultos mayores a la atención visual, fundamental para:
- prevenir la ceguera evitable,
- mantener autonomía y calidad de vida,
- disminuir caídas y hospitalizaciones,
- asegurar un estándar básico de bienestar en una población altamente vulnerable.
“La mayoría de los pacientes damnificados perciben la jubilación mínima y no cuentan con alternativas reales. Cada día sin atención constituye un perjuicio cierto, acumulativo y evitable” comenta Omar López Mato, miembro de CAMEOF.
La paradoja: se bloquean prestaciones esenciales mientras se silencian sobreprecios
Mientras se suspenden cirugías y consultas esenciales con el argumento de supuestas irregularidades, paralelamente —y de forma llamativamente silenciosa tras las últimas elecciones—desapareció del debate público la discusión sobre las compras de lentes intraoculares realizadas por el PAMI a valores entre 6 y 10 veces superiores al precio de mercado.
Según trascendió, estas adquisiciones se concretaron a precios profundamente distorsionados.
Aún más preocupante, se habría solicitado un 10% a los proveedores para garantizar adjudicaciones, lo que explicaría que participaran intermediarios y no laboratorios, que por normas de compliance no pueden involucrarse en prácticas irregulares.
Este escenario exige investigación inmediata y transparente.
Instituciones al límite y riesgo de medidas de fuerza
La interrupción unilateral de autorizaciones oftalmológicas:
- desfinancia a instituciones que dependen de la continuidad prestacional,
- genera inestabilidad en equipos profesionales,
- paraliza quirófanos y turnos programados,
- compromete seriamente la continuidad asistencial de miles de personas mayores.
De persistir esta situación, los prestadores se verán forzados a adoptar medidas de fuerza para reclamar la regularización urgente del sistema y la apertura de canales de diálogo institucional.
Una situación penosa, vergonzosa y repetida
Una vez más se pone de manifiesto que, aunque los gobiernos cambien, ciertos patrones de discrecionalidad, opacidad y arbitrariedad persisten, perjudicando siempre al mismo sector:
el jubilado que necesita ver para vivir con dignidad.
Los prestadores reclaman:
- Restablecimiento inmediato de las prestaciones oftalmológicas.
- Auditorías transparentes, técnicas y basadas en evidencia.
- Investigación urgente de las compras de lentes intraoculares y de los eventuales retornos.
- Un canal de diálogo formal que permita sostener la calidad del servicio.