El Senado de la Nación debate una reforma a la Ley 20.337 de Cooperativas que
podría marcar un punto de inflexión en la transparencia y gobernanza del sistema
cooperativo argentino. La iniciativa, impulsada por el senador jujeño Ezequiel Atauche,
propone actualizar el artículo 64 para impedir que personas condenadas por delitos
económicos —como falsificación de balances, estafa o uso fraudulento de fondos—
puedan integrar los consejos de administración de las cooperativas durante un período
posterior al cumplimiento de su pena.
El proyecto busca cerrar vacíos legales que actualmente permiten que dirigentes con
antecedentes penales vuelvan a ocupar cargos de conducción en las mismas entidades
donde cometieron irregularidades. En palabras del propio legislador, se trata de
“proteger a los asociados y productores que confían en el sistema cooperativo como
herramienta de desarrollo, evitando que quienes traicionaron esa confianza puedan
reincidir”.
Una actualización necesaria de una ley con más de medio siglo
El artículo 64 de la Ley 20.337, vigente desde 1973, establece un listado de
incompatibilidades para ser consejero de una cooperativa —como quiebras
fraudulentas o condenas por delitos contra la fe pública—, pero no incluye de manera
explícita los delitos económicos vinculados al falseo de balances o a la administración
fraudulenta de fondos.
La modificación propuesta equipararía las exigencias de transparencia del sistema
cooperativo con las ya contempladas para sociedades comerciales en la Ley General
de Sociedades, unificando criterios de integridad institucional.
Debate entre transparencia y reinserción
El tratamiento del proyecto reavivó el debate sobre los límites entre la transparencia
institucional y la reinserción social. Algunos sectores del Senado sostienen que
extender la inhabilitación por diez años después del cumplimiento de la pena podría
vulnerar el principio de no ser castigado dos veces por el mismo hecho.
Otros, en cambio, destacan que la medida no implica una sanción adicional, sino una
herramienta preventiva y ética destinada a preservar la credibilidad del
cooperativismo argentino.
Casos que exponen la urgencia del cambio
En los últimos años, distintos episodios han puesto en evidencia la fragilidad de los
mecanismos de control interno en cooperativas de peso.
En Mendoza, la federación vitivinícola Fecovita enfrenta un proceso judicial en el que
varios de sus directivos y exdirectivos fueron imputados por falsificación de balances
y estafa, tras detectarse maniobras contables destinadas a ocultar pasivos millonarios.
En Corrientes, la Cooperativa Pyramis fue condenada por realizar intermediación
financiera no autorizada y lavado de activos, mientras que en Buenos Aires más de
treinta entidades están bajo investigación en la denominada “causa Guardapolvos”,
por presunto desvío de fondos públicos.
También el caso de la Tupac Amaru, liderada por Milagro Sala, dejó al descubierto
cómo cooperativas creadas para construir viviendas sociales fueron utilizadas como
instrumentos de malversación y control político, con obras inconclusas y fondos sin
rendir.
Estos antecedentes muestran que no se trata de un debate abstracto, sino de una
demanda concreta de transparencia en estructuras que administran recursos
colectivos y sostienen economías regionales.
Hacia un cooperativismo más transparente
Más allá de las diferencias políticas, el proyecto de reforma representa una oportunidad
para revalorizar el rol del cooperativismo como motor de desarrollo local.
Modernizar su marco legal y establecer filtros más rigurosos para quienes lo dirigen no
significa castigar, sino proteger la esencia del sistema solidario.
En un país que busca fortalecer sus instituciones y recuperar la confianza social,
asegurar que las cooperativas estén libres de dirigentes con antecedentes por delitos
económicos es un paso necesario hacia un modelo más ético y sostenible.