Mayo universitario

la ley que no se cumple y el futuro que se pierde

La Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo no expresa solo un reclamo sectorial. Vuelve a poner en discusión el cumplimiento de una ley, el deterioro acumulado del sistema democrático y el riesgo de debilitar una de las pocas ventajas históricas que todavía tiene la Argentina: formar conocimiento, recursos humanos de clase mundial, fortalecer la clase media y construir desarrollo futuro.

Por Facundo Ríos

La universidad pública vuelve a la calle el martes 12 de mayo. No lo hace por una épica repetida ni por una consigna sectorial. Lo hace porque un deterioro que lleva años encontró ahora un nuevo punto de quiebre: salarios que pierden poder adquisitivo de manera inaceptable, gastos de funcionamiento que no alcanzan siquiera para sostener la actividad cotidiana, hospitales universitarios en alerta, investigación debilitada y una Ley de Financiamiento Universitario que el Congreso sancionó e insistió, aun superando el veto presidencial, pero que el Poder Ejecutivo sigue sin ejecutar como corresponde. Ese conflicto deja al Poder Judicial frente a una discusión que pone en movimiento todos los engranajes de nuestro Estado.

El primer dato es institucional, y resulta clave para un país que necesita estabilidad y previsibilidad social y económica. En términos constitucionales, el Congreso aprobó una ley, el Presidente la vetó y ambas cámaras insistieron con la mayoría agravada de dos tercios que exige la Constitución. Esa insistencia legislativa no es un gesto simbólico: obliga al Poder Ejecutivo a cumplir la norma. En una democracia constitucional, los frenos y contrapesos no son una decoración. Si una ley vigente puede ser neutralizada por la falta de ejecución presupuestaria, el problema deja de ser solo financiero. Pasa a ser un problema sobre el valor de la ley, la división de poderes y la obligación del Estado de cumplir con sus propias instituciones.

El segundo dato es presupuestario y va al corazón de la urgencia. El Consejo Interuniversitario Nacional advirtió que los recursos universitarios cayeron un 45,6% entre 2023 y 2026. Los salarios docentes y nodocentes perdieron alrededor de un 32% de poder adquisitivo desde el inicio de la actual gestión, y algunos informes técnicos muestran que ciertos cargos universitarios se ubican más de 50% por debajo de los valores reales de 2015. Además, la Universidad de Buenos Aires ratificó formalmente la emergencia presupuestaria y salarial para 2026 y exigió la aplicación inmediata de la Ley 27.795. No hablamos de una incomodidad administrativa. Hablamos de un sistema que llega a la marcha con salarios deteriorados, gastos de funcionamiento insuficientes, partidas de salud en tensión y una pérdida acumulada que no empezó ayer, pero que hoy se volvió difícil de sostener.

La crisis actual es grave, pero sería un error presentarla como si hubiera nacido de un día para el otro. El sistema universitario venía deteriorándose desde hace años. La diferencia es que hoy ese proceso se aceleró, se volvió más visible y llegó a un límite institucional, salarial y académico que ya resulta inmoral. Por eso el reclamo no interpela solo al Gobierno actual. Interpela también al sistema político que permitió, durante demasiado tiempo, que la universidad pública funcionara cada vez más apoyada en vocación, prestigio histórico y esfuerzo personal.

También es necesario dejar en claro que hablar de universidad no es hablar solo de docentes, investigadores y estudiantes. La vida cotidiana del sistema la sostienen miles de trabajadores y trabajadoras nodocentes que hacen funcionar laboratorios, hospitales, bibliotecas, sistemas, edificios, expedientes, becas, administración y atención estudiantil. Sin ese entramado, la universidad puede seguir formalmente abierta, pero pierde capacidad real de enseñar, investigar, atender, producir conocimiento y acompañar trayectorias. Los salarios universitarios nodocentes aparecen entre los más castigados del sector público: el propio sistema universitario advierte una pérdida cercana al 32% y el nivel más bajo de las últimas dos décadas. Si se deteriora a quienes sostienen todos los días la institución, el ajuste se vuelve silencioso, pero estructural. Esta irresponsabilidad tiene efectos concretos en la vida cotidiana de trabajadores, trabajadoras y familias que viven cada vez más ajustadas por dogmas que se niegan a mirar la dimensión humana detrás de esta discusión.

El daño afecta inversiones reales, realizadas y consolidadas por la sociedad. Formar un académico de carrera, un investigador o una cátedra de excelencia lleva al menos diez años de inversión pública y formación humana: grado, posgrado, doctorado, becas, publicaciones, equipos, laboratorios, dirección de proyectos y experiencia docente. Cuando un docente o investigador formado durante años con recursos del Estado se va a una universidad privada, al exterior o abandona la carrera académica, no se pierde solo una clase. Se pierde una trayectoria, una línea de investigación, una capacidad institucional y una inversión social acumulada. Ese vaciamiento no se recompone con una partida extraordinaria ni con una convocatoria de último momento.

La crisis golpea también donde la sociedad menos la imagina. La UBA, nave insignia del sistema universitario argentino por su historia, su masividad y su reconocimiento público, administra una red de seis hospitales universitarios que atienden a más de 700.000 pacientes por año. Son espacios gratuitos, de alta complejidad, que prestan servicios a personas que muchas veces no acceden a una obra social o una prepaga, y que además descomprimen un sistema público de salud ya sobrecargado. Durante la pandemia quedó claro que la universidad no vive encerrada en sus aulas: investiga, atiende, forma profesionales y responde cuando el país la necesita. Esto se replica, a distintas escalas, en todo el sistema universitario.

Por eso la discusión sobre financiamiento debe conectarse con una mirada integral del sistema. Los Estados que programan su futuro con seriedad se apoyan en una idea más amplia: I+D+i, investigación, desarrollo e innovación. No es una sigla para especialistas. Es la interfaz que conecta ciencia, política pública, sector productivo y sociedad. Investigación es producir conocimiento; desarrollo es convertir ese conocimiento en soluciones, procesos, tecnologías o capacidades; innovación es lograr que esas soluciones lleguen a la producción, al Estado, a la salud, a la energía, al ambiente y a la vida cotidiana. Sin I+D+i, ningún país se desarrolla de manera sostenida, cualquiera sea su matriz productiva. Los países que exportan manufacturas, tecnología o servicios sofisticados lo saben todavía mejor. En concreto, la I+D+i vuelve a un país más competitivo y lo sube a una competencia que nuestra economía necesita para no depender únicamente de los sectores extractivos.

La Argentina habla de Vaca Muerta, litio, cobre, exportaciones e inversiones. Todo eso es una oportunidad real. Pero si al mismo tiempo debilita universidades, laboratorios, investigación aplicada y formación técnica, aumenta el riesgo de volver a una economía de enclave: exportar más, pero desarrollar menos. Los recursos naturales pueden traer divisas. El conocimiento, la investigación y la innovación permiten convertir esas divisas en capacidades, valor agregado, competitividad y empleo calificado. Sin ese puente, seguiremos siendo principalmente exportadores de materias primas, aun cuando el mundo demande cada vez más conocimiento incorporado en los bienes y servicios.

La excelencia que produce el sistema universitario argentino tampoco es una abstracción. La UBA se mantiene entre las universidades más reconocidas de la región y del mundo. En el ranking QS 2026 aparece entre las 100 mejores universidades globales y tiene cinco disciplinas entre las 50 mejores del mundo, incluida Derecho. En Ingeniería, la FIUBA integra la misión Artemis II de la NASA con el microsatélite ATENEA, y hace pocos años recibió la visita de Bill Nelson, máxima autoridad de la agencia espacial estadounidense. Ese prestigio no se construye con slogans. Se construye con décadas de inversión pública, docentes, investigadores, nodocentes, estudiantes y graduados que llevan el nombre de la universidad argentina al mundo.

Finalmente, y no menos trascendente, hay un argumento social que no puede desatenderse. La universidad pública fue, y sigue siendo, una de las grandes herramientas argentinas de movilidad social y consolidación de clase media. Lo hizo permitiendo que hijos e hijas de trabajadores accedieran a profesiones, redes, títulos, conocimientos y oportunidades que antes estaban reservadas a sectores mucho más reducidos. También les da a muchos jóvenes una opción de futuro en su propio país: la posibilidad de desarrollarse sin sentir que la única salida es irse lejos de su familia, su cultura, sus amigos y sus raíces. Esa promesa no está garantizada para siempre. Si la universidad se deteriora, se debilita uno de los caminos más concretos por los cuales una familia puede mejorar su destino entre generaciones.

En todo este marco, se destaca nuevamente la clase pública convocada por el decano de la Facultad de Derecho, Leandro Vergara, quien luego del respaldo obtenido en las elecciones de profesores y estudiantes vuelve a tomar protagonismo en las emblemáticas escalinatas de la Facultad de Derecho de la UBA. La imagen de una facultad que decide dar clase en público, en una de las postales más reconocibles de la educación pública argentina, sintetiza una idea potente: la universidad no quiere cerrar sus puertas, pero tampoco puede sostener indefinidamente la excelencia con épica, salarios deteriorados, vocación docente y funcionamiento insuficiente.

La marcha del 12 de mayo no debería leerse como una protesta más. Es la expresión de una comunidad que reclama el cumplimiento de una ley, pero también advierte algo más profundo: la Argentina sigue dañando una de sus herramientas históricas de movilidad social, producción científica, salud pública, formación profesional y prestigio internacional. Cumplir la Ley de Financiamiento Universitario es apenas el piso. El verdadero debate es si el país va a sostener una política de conocimiento o si va a permitir que la crisis económica se lleve por delante una de sus pocas ventajas estructurales.

La universidad pública no resuelve sola todos los problemas argentinos. Pero sin ella, la Argentina pierde una condición central para construir una sociedad más justa e igualitaria, una economía más compleja y competitiva, y una oportunidad de futuro para quienes decidan desarrollarse en nuestro país. Esa es la discusión que vuelve a la calle. Y esta vez, el Estado debería escucharla antes de que el costo sea mucho más alto.