Un conflicto que escaló desde una discusión por aportes sindicales hasta el fuero penal terminó con un revés judicial para el Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital Federal. La Justicia desestimó la denuncia por presunta estafa contra el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) y dejó abierta la posibilidad de que la entidad profesional deba afrontar un resarcimiento económico.
El eje de la disputa estuvo en la afiliación sindical de dos trabajadores del propio Colegio: la farmacéutica Laura Butticce y el bioquímico Roberto Parlamento. Según el gremio, el director de la institución, Claudio Ucchino, desconoció ese vínculo y rechazó el pago de las cuotas correspondientes.
Lejos de resolverse en el ámbito laboral, el conflicto derivó en una denuncia penal impulsada en 2020 por el abogado Juan Pedro Anders contra los dirigentes sindicales Marcelo Peretta y Mariana Funes, bajo la acusación de haber intentado cobrar aportes indebidos.
Sin embargo, la investigación judicial avanzó en sentido contrario a lo planteado por el Colegio. Peritajes caligráficos sobre las fichas de afiliación determinaron que los registros coincidían con la escritura de los trabajadores involucrados, validando la documentación presentada por el sindicato.
A esto se sumaron otras pruebas incorporadas al expediente: la participación de Butticce en asambleas del SAFYB en 2006 y 2009, con firmas asentadas en planillas oficiales, y la inclusión de Parlamento en circuitos de comunicación interna del gremio vinculados a capacitaciones para afiliados.
Con estos elementos, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 23 dictó el sobreseimiento de los dirigentes sindicales en noviembre de 2025. La decisión fue ratificada el 13 de febrero pasado por la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, dejando firme el fallo.
Desde el SAFYB interpretaron la resolución como una confirmación de que la denuncia carecía de fundamentos. Advirtieron además que el Colegio podría enfrentar ahora consecuencias económicas por los daños derivados de la acusación.
En el cierre, desde la organización gremial señalaron que el caso refleja no solo un conflicto puntual, sino también el riesgo de trasladar disputas laborales al ámbito penal, una estrategia que, en este caso, terminó volviéndose en contra de quienes la impulsaron.