Tras un encuentro que mantuvieron este jueves José Luis Ammaturo y Carlos Biller, secretario y gerente general de la Cámara de la PyME Metalúrgica de la República Argentina (CAMIMA) respectivamente, con Josefina Tajes, -asesora de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich-, la entidad ratificó su apoyo total e irrestricto al proyecto de Ley de Modernización Laboral que debatirá la Cámara alta en febrero.
La cámara, con más de 80 años de trayectoria representando a las pymes metalúrgicas argentinas, considera que este proyecto constituye una reforma estructural indispensable para recuperar el empleo formal, la competitividad industrial y la seguridad jurídica.
En ese contexto, CAMIMA hace hincapié en los intereses que mueven a algunas cámaras y asociaciones empresarias que, junto a sindicatos se oponen a varios artículos del proyecto con el objetivo de debilitarlo, buscando solamente proteger sus privilegios y mantener su financiamiento en detrimento de la necesidad de pymes y trabajadores que dicen representar.
En particular, CAMIMA ratificó su firme apoyo a la limitación de la ultraactividad de las normas obligacionales y a la actualización de convenios colectivos obsoletos, muchos de los cuales tienen más de 50 años y ya no reflejan la realidad productiva, tecnológica ni laboral de la Argentina actual.
Asimismo, la cámara reiteró su rechazo absoluto a los aportes “solidarios” obligatorios, directos o indirectos, a favor de cámaras empresarias, por considerar que vulneran el principio constitucional de libertad de asociación.
Esta posición no es coyuntural: forma parte del ADN institucional de CAMIMA, cuyo estatuto establece expresamente: “Defender la libertad de agremiación y oponerse a cualquier sistema que directa o indirectamente conduzca a la agremiación obligatoria de personas o entidades”.
Ammaturo –integrante de la Comisión Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA)- remarcó que CAMIMA acompaña el proyecto que se debatirá en el Congreso, porque “promueve una modernización estructural del sistema laboral y habilita la actualización de modalidades de trabajo y de los convenios colectivos para adecuarlos a las realidades productivas, tecnológicas y competitivas del siglo XXI”.
“Las pymes, y en especial las industriales, necesitan un marco razonable que les permita contratar sin enfrentar un riesgo jurídico ilimitado, y al mismo tiempo garantizar que los trabajadores accedan a empleo formal, con movilidad laboral, capacitación y oportunidades reales de progreso”, agregó.
En el mismo sentido, sostuvo que “una reforma laboral moderna permitirá que el sistema judicial se concentre en los casos que realmente requieren tutela, en lugar de sostener un esquema que incentiva la litigiosidad oportunista, destruye empleo y paraliza la inversión”.