La iniciativa fue presentada por los diputados santacruceños Ianni y Molina en la Cámara de Diputados de la Nación para dar respuesta a las inquietudes planteadas por el intendente de la localidad y trabajadores del sector de la pesca, preocupados por la baja de la actividad y las descargas en el puerto local.
El proyecto de resolución solicita al Poder Ejecutivo Nacional información detallada sobre la administración, asignación y control de los cupos de captura de langostino que recibe la provincia en carácter compensatorio por la veda del Golfo San Jorge. La iniciativa legislativa elaborada por la diputada Ana María Ianni junto al diputado Juan Carlos Molina busca acompañar y reforzar el proyecto presentado oportunamente por el Concejal Mateo Brunetti en el mismo sentido en el Concejo deliberante de Puerto Deseado, y surge a partir de la preocupación manifestada por el Intendente Juan Raúl “Pirri” Martínez, trabajadores del sector pesquero y representantes gremiales, acerca de la merma en la actividad portuaria, la falta de descargas y el impacto directo que esto genera en el empleo y en las plantas de procesamiento de la ciudad.
Se analizaron las dificultades que atraviesa el sector y la necesidad de contar con información clara y precisa sobre el destino de los cupos compensatorios que deberían estar beneficiando directamente a Santa Cruz y, particularmente, a Puerto Deseado. “El reclamo que nos plantearon el intendente, los trabajadores y los gremios es muy claro: necesitan saber qué está pasando con los cupos de langostino que son de Santa Cruz y que deberían generar trabajo en nuestro puerto”, expresaron los legisladores.
El proyecto solicita al Consejo Federal Pesquero y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca que informen, entre otros puntos, qué buques operaron con esos cupos en los años 2024, 2025 y 2026, qué empresas estuvieron involucradas, cuántas toneladas se capturaron, en qué puertos se realizaron las descargas y cuáles fueron los mecanismos de control aplicados.
“La veda del Golfo San Jorge es una medida necesaria para cuidar el recurso, pero la compensación que recibe Santa Cruz tiene que cumplir su objetivo, el de sostener la actividad económica y el empleo en nuestras localidades. Si eso no está ocurriendo, es algo que debemos revisar con urgencia”, señalaron Ianni y Molina. Asimismo, el pedido de informes requiere conocer si existieron irregularidades, qué controles se realizaron y si el esquema actual realmente está cumpliendo con su finalidad económica y social en ciudades con fuerte perfil pesquero como Puerto Deseado.
“La actividad pesquera es esencial en Puerto Deseado. Cuando el sector sufre una profunda decadencia y no hay reglas claras para incentivar la actividad, no solo se resiente el puerto, se resienten las plantas, los trabajadores y toda la economía local”, concluyeron.