Entre otros puntos, solicita precisiones al Poder Ejecutivo sobre la existencia de evaluaciones relativas a la competitividad, el tipo de cambio real y la estructura tributaria que afectan a numerosas pymes agropecuarias, el entramado social de comunidades del interior y la estabilidad del empleo.
El diputado nacional Pablo Juliano (UCR – Bloque Provincias Unidas) presentó en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina el Proyecto de Resolución Expediente 0044-D-2026 mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo Nacional que informe, en los términos del artículo 100 inciso 11 de la Constitución Nacional, cuál es el programa integral de políticas públicas destinado a garantizar la sostenibilidad, competitividad y protección del empleo en las economías regionales.
La iniciativa pone especial foco en la situación crítica que atraviesan producciones estratégicas de las economías regionales, actividades productivas que registran deterioro económico y social en distintas regiones del país.
“El federalismo productivo no puede sostenerse si las economías regionales se debilitan. Estamos viendo pérdida de rentabilidad, aumento de costos, dificultades de financiamiento y riesgo en miles de puestos de trabajo”, sostuvo Juliano.
El proyecto solicita precisiones sobre:
● La existencia de un plan estratégico federal para el desarrollo de las economías regionales.
● Evaluaciones sobre competitividad, tipo de cambio real y estructura tributaria.
● Diagnósticos técnicos y evaluaciones sectoriales recientes.
● Medidas concretas para mitigar el impacto del incremento de costos productivos,
logísticos y financieros.
● Herramientas de financiamiento y asistencia para productores, cooperativas y PYMES agroindustriales.
● Impacto social y laboral en comunidades rurales.
● Mecanismos de diálogo institucional con gobiernos provinciales y entidades
epresentativas.
El legislador advirtió que el deterioro de estas actividades no solo afecta indicadores económicos, sino que compromete el entramado social de numerosas comunidades del interior, el arraigo territorial y la estabilidad del empleo.
“El Congreso tiene la responsabilidad constitucional de promover un desarrollo equilibrado entre regiones. Necesitamos información clara para saber qué estrategia tiene el Gobierno Nacional para sostener a las pequeñas y medianas empresas agroindustriales, las cooperativas y los trabajadores rurales”, agregó.
El pedido de informes busca garantizar transparencia y permitir una evaluación objetiva del impacto de las políticas económicas sobre sectores productivos estratégicos del país.