La Federación del Personal de Vialidad Nacional advirtió que el nuevo Plan Federal de Concesiones reedita un esquema de privatización sin controles, repite errores del pasado y devuelve la seguridad vial al lugar más peligroso: el de la variable de ajuste. Señalan que el Estado asume los riesgos mientras las empresas garantizan su rentabilidad.
La Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) encendió una señal de alarma frente a la puesta en marcha del nuevo Plan Federal de Concesiones Viales, al que consideran la reedición de un modelo de privatización que ya demostró sus falencias. Según alertan, el esquema reproduce la falta de control estatal, debilita la seguridad de los usuarios y vuelve a colocar en manos privadas decisiones estratégicas para el desarrollo nacional.
En la entidad no dudan en afirmar que se trata del “regreso de un modelo de concesiones viales que repite los errores del pasado”, en referencia directa al sistema PPP implementado en 2018, que culminó con endeudamiento, incumplimientos y rescates estatales para sostener a los concesionarios.
Desde la Comisión Directiva sostienen que el plan “no es más que un negocio financiero presentado como política pública”, y remarcan que mientras las empresas concesionarias acceden a ingresos asegurados, es el Estado el que vuelve a cargar con los riesgos a través del financiamiento del BICE. Una ecuación que, según los trabajadores, prioriza la rentabilidad privada por encima del interés público.
El diagnóstico sobre la situación actual de las rutas nacionales es alarmante: señalización deficiente, falta de mantenimiento, ausencia de estándares de calidad y obras postergadas. “La seguridad vial no puede seguir siendo una variable de ajuste”, remarcaron, apuntando a que las consecuencias de la desinversión se sienten en cada kilómetro recorrido.
Para FEPEVINA, la infraestructura vial debe ser considerada un servicio público esencial que requiere planificación estatal, control efectivo y un compromiso prioritario con la vida de las personas. En contraposición, advierten que el nuevo esquema refuerza la lógica de concesiones que históricamente ha dejado más dudas que resultados.
El reclamo es concreto: rutas seguras, mantenimiento real y un sistema federal que responda a las necesidades del país, no a los intereses particulares de las concesionarias. Con este mensaje, la Federación vuelve a poner sobre la mesa un debate que atraviesa a toda la Argentina: el rol del Estado en la gestión de sus caminos y la obligación indelegable de garantizar seguridad vial para todos.