El debate sobre las retenciones a las exportaciones mineras volvió al centro de la escena tras la reciente decisión del Gobierno nacional de eliminar los gravámenes para 231 productos del sector. La medida, anunciada en agosto por la administración de Javier Milei, excluye al litio y la plata, que seguirán tributando un 4,5%.
Para el geólogo y abogado Favio Casarín, profesor de Derecho Minero, la discusión “es tan antigua como compleja” y refleja “la falta de una política minera estable y previsible en Argentina”.
“En nuestro país las retenciones han sido utilizadas como una herramienta fiscal de corto plazo para tapar baches presupuestarios, pero a la larga generan incertidumbre y espantan inversiones”, sostuvo Casarín en diálogo con este medio.
La historia reciente muestra un vaivén constante. Desde su instauración en 2002 por la Ley de Emergencia Pública, pasando por la aplicación efectiva en 2007 durante el kirchnerismo, hasta su eliminación en 2016 bajo Mauricio Macri y su posterior reinstauración en 2018, las retenciones han marcado el pulso del sector. Durante el gobierno de Alberto Fernández, los porcentajes se redujeron, y ahora Milei las elimina para buena parte del universo minero.
Para Casarín, el problema no es solo impositivo: “Países como Chile, Perú o Canadá entendieron que la competitividad minera no se logra únicamente bajando impuestos. Ellos invierten en infraestructura, en tecnología y en seguridad jurídica. Nosotros seguimos improvisando”.
El especialista recordó que Argentina es uno de los pocos países exportadores que aplica derechos de exportación de forma significativa. “La retención no distingue entre un gigante minero y un pequeño productor, y eso lastima la posibilidad de competir en un mercado global donde otros no cargan con ese lastre fiscal”, advirtió.
La última decisión del Ejecutivo fue presentada como un incentivo para impulsar proyectos vinculados al litio y a otros minerales estratégicos. Sin embargo, Casarín se muestra cauto: “Reducir o eliminar retenciones puede dar un alivio momentáneo, pero no garantiza por sí solo que vengan las inversiones. El inversor busca previsibilidad, y en Argentina las reglas cambian cada dos o tres años”.
En su visión, la volatilidad regulatoria ha dejado cicatrices profundas: “El sector ha vivido una montaña rusa. Eso complica planificar a largo plazo. Y la minería es, por definición, una actividad que requiere pensar en décadas, no en meses”.
De cara al futuro, Casarín plantea que la Argentina necesita “una política minera integral” que incluya un marco tributario estable, acuerdos de largo plazo y un compromiso real con la infraestructura y la capacitación. “No se trata de regalar recursos ni de cargar al Estado de deudas, sino de encontrar un equilibrio para que el país pueda transformar sus riquezas minerales en oportunidades reales para su gente”, concluyó.