La Comisión de Economía de Diputados analizó el impacto de la reducción presupuestaria, la pérdida de empleos y la revisión de proyectos estratégicos. Especialistas y trabajadores cuestionaron algunas decisiones de la administración de Javier Milei, aunque también plantearon la necesidad de evaluar con criterios económicos qué actividades deben preservarse y cuáles pueden incorporar nuevas formas de gestión.
La discusión sobre el futuro de la actividad nuclear argentina llegó al Congreso con una pregunta de fondo: cómo compatibilizar la decisión del Gobierno de reducir el peso del Estado en la economía con la necesidad de conservar capacidades tecnológicas que demandaron décadas de inversión, formación profesional y desarrollo industrial.
El tema fue abordado durante una reunión informativa de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, impulsada por el bloque de Unión por la Patria y encabezada por su presidenta, Julia Strada. El encuentro reunió a investigadores, especialistas y trabajadores de organismos y empresas vinculados con la actividad nuclear, quienes expusieron sobre la situación presupuestaria, laboral y productiva del sector.
Al comienzo de la jornada, Strada cuestionó la ausencia de legisladores del oficialismo. “Me sorprende que los diputados libertarios no estén presentes en esta comisión. Es una muestra más del desinterés del Gobierno nacional por el sector de la energía nuclear”, sostuvo.
Más allá de esa crítica política, los datos presentados durante la reunión reflejaron una transformación significativa. Entre julio de 2023 y julio de 2026, el presupuesto de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) registró una reducción del 40%, mientras que la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) tuvo una caída del 29%.
El empleo también se redujo. Entre noviembre de 2023 y junio de 2026 se contabilizaron 765 puestos de trabajo menos en el conjunto de la actividad, una disminución cercana al 10% de la dotación. La CNEA concentró 410 de esas bajas y Nucleoeléctrica Argentina (NASA), 296.
Para el Gobierno, la revisión del gasto público y de la estructura de las empresas estatales forma parte de un programa más amplio destinado a reducir el déficit y modificar el papel del Estado en la economía. Sin embargo, en el caso nuclear existe un elemento adicional: buena parte de las capacidades que hoy posee el país no pueden reconstruirse rápidamente si se interrumpen los equipos de trabajo, las líneas de investigación o los proyectos de desarrollo.
Ese fue uno de los principales argumentos planteados durante la audiencia. Ignacio Cortés, del Centro Atómico Bariloche, sostuvo que las decisiones actuales están afectando el desarrollo del denominado plan nuclear argentino. Rodolfo Kempf, físico e investigador de la CNEA, también manifestó su preocupación por la pérdida de capacidades técnicas y profesionales.
El debate alcanzó especialmente a Nucleoeléctrica Argentina, responsable de la operación de las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse. Daniel Durán, trabajador de Atucha, reclamó que cualquier eventual decisión sobre la empresa sea precedida por un análisis detallado de su valor económico y estratégico.
“Antes de regalar Nucleoeléctrica Argentina, el Congreso y el pueblo de la Nación argentina deberían saber la razón por la que se está regalando. Queremos saber el valor estratégico”, expresó.
La cuestión económica fue, precisamente, uno de los aspectos que mayor espacio ocupó durante el encuentro. Andrés Kreiner, investigador superior de CONICET-CNEA, señaló que NASA factura entre 550 y 700 millones de dólares por año y cuenta con un resultado operativo positivo. Según su estimación, el conjunto de la actividad nuclear moviliza aproximadamente 1.000 millones de dólares anuales.
El dato abre una discusión que excede la defensa de las estructuras existentes. Si el objetivo oficial es mejorar la eficiencia del Estado y reducir el costo que representan determinadas empresas públicas, el sector nuclear también puede ser evaluado bajo esos parámetros. Pero los especialistas sostienen que esa revisión debería contemplar el aporte de la actividad a las exportaciones, la sustitución de importaciones, la formación de profesionales y la generación de proveedores industriales.
Entre los proyectos que concentraron mayor atención estuvo el CAREM 25, reactor modular pequeño desarrollado en el país. También se abordó la situación del RA-10, la producción de combustibles nucleares y radioisótopos, la Planta Industrial de Agua Pesada y el Centro Argentino de Protonterapia.
Verónica Robert, doctora en Economía de la UBA, sostuvo que la situación del CAREM debe analizarse dentro de una discusión más amplia sobre el valor económico de las capacidades tecnológicas acumuladas por el Estado argentino.
La actividad nuclear también representa un entramado industrial que va más allá de las centrales eléctricas. Martín Javier Iofrida, jefe del Departamento de Coordinación de Proyectos Tecnológicos y Productivos para la Industria Nuclear de la CNEA, destacó como ejemplo la fabricación nacional de combustibles para centrales CANDU y de tubos de presión, desarrollos que requirieron años de aprendizaje y especialización.
Otro punto sensible es la Planta Industrial de Agua Pesada. Alejandro Lucastegui, trabajador de mantenimiento informático y tecnológico de la instalación, cuestionó la posibilidad de que su producción quede en manos privadas y remarcó la importancia de contar con experiencia específica en una actividad de elevada complejidad técnica.
El encuentro también permitió escuchar a trabajadores de las centrales. Franco Gómez Coria, de Embalse, puso el foco en el aporte de la generación nuclear al sistema eléctrico y en su impacto sobre industrias, hospitales, hogares y servicios esenciales.
Desde Luz y Fuerza, Damián Straschenco incorporó al debate el impacto del costo de la electricidad sobre usuarios e industrias. Su planteo fue que las decisiones sobre la estructura del sistema energético no deberían analizarse únicamente desde el resultado de las empresas, sino también desde sus consecuencias sobre las tarifas y la actividad productiva.
El escenario plantea, de esta manera, una discusión que el Gobierno difícilmente pueda resolver solamente mediante una reducción de partidas. La revisión del gasto puede ser necesaria para mejorar la eficiencia y evitar estructuras que no resulten sostenibles, pero en una actividad como la nuclear también existe el riesgo de que un ajuste excesivo termine afectando capacidades que luego demanden muchos años y recursos para ser reconstruidas.
La discusión parlamentaria dejó una señal concreta: el debate sobre el futuro nuclear argentino recién comienza. La administración de Javier Milei deberá definir hasta dónde pretende avanzar con la reorganización del sector y, al mismo tiempo, demostrar que las decisiones adoptadas permiten preservar aquellas áreas que tengan capacidad de generar energía, divisas, conocimiento y desarrollo industrial.
El desafío será encontrar un punto de equilibrio entre eficiencia, participación estatal y aprovechamiento económico. En un sector donde una central, un reactor o una cadena de proveedores se construyen durante décadas, cualquier decisión de corto plazo puede terminar teniendo consecuencias mucho más prolongadas.