Organizaciones del sector denuncian que la implementación del sistema de vinculación entre el Certificado Único de Discapacidad y la tarjeta SUBE fue comunicada de manera incompleta, lo que derivó en incertidumbre, colapso de plataformas digitales y largas filas en centros de atención. Afirman que no se trata de un hecho aislado sino de una acumulación de decisiones que profundizan el malestar y la desprotección en un colectivo ya vulnerable.
La decisión oficial de habilitar la posibilidad de vincular el Certificado Único de Discapacidad (CUD) con la tarjeta SUBE para acceder al transporte gratuito fue presentada como una modernización del sistema. Sin embargo, la reacción posterior expuso un cuadro de tensión social marcado por la confusión, la sobrecarga de consultas y el temor extendido a perder derechos adquiridos.
En ese contexto, referentes del área de discapacidad salieron a cuestionar con dureza el modo en que se comunicó la medida y el impacto que tuvo en la vida cotidiana de miles de personas.
Desde el Consejo Consultivo de Discapacidad, su directora Mónica Bianchi fue categórica al describir lo ocurrido como una situación evitable que terminó generando angustia generalizada.
“El primer punto es claro: conviven los dos sistemas. Las personas con discapacidad pueden seguir viajando con el CUD sin necesidad de hacer ningún trámite urgente. No era necesario saturar la web ni hacer filas interminables”, explicó.
Las declaraciones apuntan a un problema central: la interpretación extendida de que el beneficio podía perder vigencia si no se realizaba de inmediato la vinculación digital. Esa lectura, según organizaciones del sector, fue consecuencia directa de una comunicación oficial incompleta.
“El segundo punto es que la SUBE debe estar registrada a nombre del usuario. Eso no fue explicado con claridad y mucha gente se enteró recién cuando intentó hacer el trámite”, agregó Bianchi.
En paralelo, se registraron demoras en el sistema online debido al ingreso masivo de solicitudes, mientras que en distintos centros de atención se observaron filas prolongadas de usuarios intentando resolver la gestión de manera presencial.
“Se generó una situación de saturación totalmente innecesaria. La gente fue a los centros SUBE por miedo, no por necesidad real”, sostuvo la funcionaria.
Uno de los aspectos más sensibles del conflicto es la falta de información clara sobre la convivencia entre beneficios. Según lo explicado por referentes del área, la tarjeta SUBE no permite acumular más de dos beneficios activos, lo que obliga en algunos casos a dar de baja otros descuentos vigentes de manera presencial.
“Ese dato es clave y no fue difundido con la claridad suficiente. Estamos hablando de personas que tienen que reorganizar beneficios para poder acceder a otro derecho”, señaló Bianchi.
La crítica de fondo no se limita a este episodio puntual. Desde organizaciones vinculadas a la discapacidad se advierte que existe un patrón reiterado de comunicación estatal deficiente que, lejos de facilitar el acceso a derechos, termina generando barreras adicionales.
En ese sentido, la dirigente fue más allá del caso puntual y describió un clima de creciente malestar.
“No es un hecho aislado. Es parte de una forma de gestionar que, en muchos casos, termina generando más angustia que soluciones. Las personas con discapacidad no pueden ser las que paguen el costo de la desorganización”, afirmó.
La situación se da en un contexto donde distintos colectivos vienen reclamando mayor previsibilidad, información accesible y acompañamiento en la implementación de políticas públicas destinadas a sectores vulnerables.
En el plano político, el episodio volvió a poner en discusión el rol de los funcionarios responsables de la comunicación oficial, entre ellos el jefe de Gabinete Manuel Adorni, señalado por distintos sectores por la forma en que se difundieron los alcances de la medida. En paralelo, su figura atraviesa cuestionamientos públicos y mediáticos que incrementan la sensibilidad en torno a cada anuncio de gestión.
Mientras tanto, las organizaciones insisten en que el problema no es tecnológico sino humano.
“La digitalización puede ser una herramienta positiva, pero si no se explica bien, termina excluyendo. Y en este caso, lo que se generó fue angustia, incertidumbre y una sensación de abandono”, concluyó Bianchi.
El reclamo que queda instalado es claro: no alcanza con modernizar sistemas si la comunicación oficial no está a la altura de las personas a las que se dirige. En el medio, advierten, quedan miles de usuarios atravesados por la desinformación y la ansiedad de no saber si un derecho esencial seguía o no vigente.