La Justicia argentina necesita previsibilidad, plazos más claros, decisiones comprensibles y un funcionamiento profesional capaz de devolverle a la sociedad algo que hoy no tiene: confianza.
Por Facundo Ríos
Abogado. Matrícula CPACF. F: 132 T: 860
En un sistema atravesado por vacantes en la Corte, en juzgados inferiores e incluso en la Procuración, baja confianza social, reformas parciales y desordenadas, irrupción de la inteligencia artificial y atajos que debilitan la defensa técnica, la discusión sobre la Justicia argentina se volvió un eje central de nuestra calidad democratica y un factor decisivo para nuestro futuro. Sumado a la crisis de confianza en las instituciones, en el Congreso, en la política y en el mundo empresario, es un deber moral pensar un sistema judicial que trasmita más transparencia, sea más accesible y otorgue más confiable a la ciudadanía.
Es muy frecuente escuchar que el problema es solo la demora de los procesos, pero ese mensaje simplifica un tema mucho más sofisticado: la necesidad de una reforma de fondo y fortalecer acuerdos politicos en un contexto politico que atenta contra ellos. En este sentido, el sistema arrastra una crisis de legitimidad, de organización y de método. La sociedad percibe a la Justicia lenta, opaca, imprevisible y muchas veces lejana.
En ese contexto, limitarse a discutir cargos, nombres o cambios aislados ya no alcanza. Hace falta una mirada más amplia sobre cómo ordenar un poder que debe garantizar previsibilidad, eficiencia, imparcialidad y profesionalismo, pero acercar la justicia a la gente. Un sistema con esas características no solo fortalece la democracia, la vigencia de la Constitución y el Estado de derecho, sino que también reduce la conflictividad social, mejora la imagen institucional del Estado y da a la economía una certeza básica para funcionar con estabilidad, atrayendo inversiones, crecimiento y desarrollo.
En términos políticos, el nudo del problema está en otro lado: en la incapacidad de la dirigencia politica para tender puentes para lograr acuerdos que puedan no solo cubrir las iterminables cantidad vacantes en un poder que necesita estabilidad, continuidad y autoridad. Esta falta de acuerdos se refleja en el funcionamiento de los ultimos años del Consejo de la Magistratura, creando un coctel que profundiza la crisis de la Justicia al bloquear acuerdos para designar jueces, completar ternas, fortalecer la Procuración y ordenar una Corte que sigue funcionando con tensiones y sin resolver del todo su problema de última palabra. Mientras el sistema siga crujiendo con cargos interinos, vacantes sensibles y acuerdos que no llegan, la previsibilidad que debe ofrecer la Justicia seguirá debilitándose. No casualmente, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal respaldó en marzo la reforma del sistema de concursos para jueces impulsada desde la Corte Suprema: porque sin procedimientos de selección más ágiles, transparentes y técnicamente sólidos no hay salida institucional seria.
Desde el aspecto del ejercicio concreto, vale la pena poner en el centro una propuesta de fondo que hace mucho desde la dirigencia politica jovene se viene trabajado: la oralidad en todos los fueros y la construcción de plazos concretos, como parte de una transformación más amplia del modo de ejercicio de la Justicia nacional. No se trata solo de cambiar una técnica procesal. Se trata de volver más nítidos los tiempos, más visibles los debates, adaptar el ejercicio profesional a las demandas tecnologicas actuales y hacer más comprensible la intervención judicial para la gente. La oralidad permite que las personas entiendan qué se discute en los puntos centrales de su proceso, cuándo se decide y quién sostiene cada posición. También le devuelve al abogado y a la abogada una voz fuerte en un debate público, y un protagonismo directo en la defensa de sus representados, mostrando un sistema más claro que el escrito actual.
Ese cambio no corre aislado. Va de la mano con otras discusiones, como el pasaje del sistema penal inquisitivo al acusatorio, con un rol más activo del fiscal, y con experiencias que ya muestran cómo la inmediación puede acercar la Justicia a la sociedad, como ocurre con el juicio por jurados. En todos esos casos, el punto es el mismo: discutir menos burocracias y más el conflicto de fondo, con reglas claras, plazos preestablecidos y un sistema capaz de procesar mayor volumen de trabajo en un mundo cada vez más acelerado.
Pero ninguna herramienta sirve por sí sola. La oralidad no mejora la Justicia por arte de magia. Puede ser una salida o convertirse en una nueva fuente de desigualdad si no va acompañada de formación, infraestructura, profesionalización y reglas claras. Lo mismo ocurre con la inteligencia artificial y la digitalización. La tecnología ya entró al sistema. El punto no es negarla. El punto es impedir que esa incorporación opaque decisiones, licúe la defensa técnica o transforme al ciudadano en un espectador de resoluciones que no entiende ni puede discutir en condiciones de igualdad. La inteligencia artificial puede ordenar, sintetizar y asistir, pero no debe reemplazar el debate público, la estrategia jurídica ni la intervención crítica de profesionales especializados. Aquí, la oralidad garantiza que el ser humano siga siendo el eje del sistema.
Defender la profesionalización no es una discusión de abogados o abogadas. Es una discusión sobre el tipo de Justicia que la sociedad necesita. Un sistema judicial eficiente no es el que resuelve más rápido a cualquier costo. Es el que resuelve con plazos razonables, defensa técnica, imparcialidad, comprensión pública y cumplimiento efectivo de las normas vigentes. Eso fortalece la imagen del Estado, mejora la confianza en la economía, reduce la conflictividad social y da a la ciudadanía una certeza básica: que la ley existe, se aplica y puede ser invocada en condiciones de igualdad.
La abogacía tiene un papel central en ese proceso, dado que esta llamada a garantizar que el Derecho siga siendo la herramienta de resolución de conflictos y no sea reemplazado por un trámite, un software o un atajo administrativo. Una Justicia sin abogacía fuerte puede ser más rápida en apariencia, pero también más injusta, más opaca y más desigual.
En este contexto, el 21 y 22 de abril la elección del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal importa. Importa porque el Colegio debe funcionar como una balanza institucional capaz de defender la profesionalización, sostener la ética pública, formar a los y las matriculadas para los nuevos desafíos y actuar como puente entre universidad, profesión y Justicia. Esa línea ya se expresó con hechos concretos cuando el Colegio dio el respaldo a la reforma del sistema de concursos para jueces, la acción judicial promovida frente a la reforma laboral y el rechazo firme a los divorcios administrativos y a las sucesiones notariales, precisamente porque detrás del discurso de la simplificación muchas veces se esconde una degradación de garantías, honorarios e incumbencias. En este punto, la continuidad de una línea institucionalista, democrática y técnicamente sólida, como la que representó Ricardo Gil Lavedra en los últimos años y que hoy expresa la candidatura de Alejandra García, emerge como una herramienta indispensable para intervenir con seriedad en uno de los momentos más delicados del sistema judicial argentino.
La Argentina necesita una Justicia más rápida, sí. Pero, sobre todo, necesita una Justicia más clara, más confiable y más profesional. Una Justicia capaz de procesar mayor volumen de trabajo sin resignar garantías, de incorporar tecnología sin perder control crítico y de acercarse a la ciudadanía sin degradar la defensa técnica. Ese es el horizonte que deberíamos discutir: no para administrar la crisis del presente, sino para construir una salida institucional que esté a la altura de la democracia, de los derechos humanos y de las exigencias de nuestro tiempo.
La oportunidad existe, pero no se va a aprovechar sola. Hace falta conducción, formación, coraje institucional y una agenda clara para ordenar un sistema que hoy sigue bajo tensión. La Justicia no va a recuperar legitimidad por inercia. Hay que reconstruirla. Y para eso hace falta una abogacía preparada para defender algo más que una profesión: una abogacía dispuesta a defender la calidad institucional de la Argentina.
Esta nota esta dedicada a un hombre extraordinario. Una persona defendió la su patria, sus ideas y enseño valores, siempre pensando en el otro. Pero sobre todo fue un gran padre, abuelo y hombre de familia. Daniel Esteban Rios, mi viejo. 12/04/1962