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Idea y desarrollo original del artículo: Lcdo. Horacio N Suppa – Managing Director en Framers. Consultor de empresas del sector salud
¿Puede funcionar bien el sistema de salud en un país tan fragmentado?
Argentina tiene una estructura federal que garantiza autonomía a cada provincia. En muchos aspectos, eso es un valor. Pero en salud, esa misma lógica se convierte en un obstáculo y el paciente queda cautivo de un sistema que genera desigualdades.
Cada provincia define sus políticas sanitarias, sus presupuestos, su forma de gestionar hospitales, programas y recursos.
Esto genera grandes desigualdades territoriales: no es lo mismo por ejemplo enfermarse en CABA, que en el GBA ó en otras ciudades del interior del país. Los recursos, capacidades de gestión, infraestructura y calidad de atención varían mucho. A esto se suman más desigualdades, las más de 280 obras sociales, las prepagas, el PAMI, los programas nacionales, los municipios y una larga lista de actores que operan de manera bastante independiente unos de otros.
El Ministerio de Salud de la Nación tiene un rol rector, pero con poco poder real sobre las jurisdicciones debido a la autonomía de las provincias, salvo en situaciones muy extremas como fue la pandemia donde las competencias vuelven a ser delegadas a la nación (la salud es una competencia no delegada a la nación por las provincias según el artículo.121 de nuestra Constitución Nacional)
El resultado: un sistema profundamente desarticulado, con múltiples reglas, estándares y niveles de acceso. Enfermarse en una provincia u otra puede implicar una experiencia de atención completamente distinta.
La Constitución Nacional es quien avala esta autonomía
- La salud es una competencia no delegada: cada provincia es responsable de organizar, regular y financiar sus propios servicios de salud.
- El artículo 121 establece que las provincias conservan todos los poderes no delegados expresamente a la Nación.
El Ministerio de Salud puede coordinar, asistir o financiar, pero no puede imponer. Sin embargo, la misma Constitución también reconoce el derecho a la salud como un derecho humano y establece que el Estado debe garantizar condiciones equitativas para todos. Esa tensión no está resuelta.
Entonces, ¿cómo integrar sin quitar autonomía? No se trata de centralizar, sino de cooperar. Pero para que los actores dejen de cuidar su parcela y piensen en conjunto, hacen falta acuerdos interjurisdiccionales reales, fondos condicionados a resultados, historia clínica federal, agencias técnicas que orienten decisiones, y sobre todo, voluntad política.
La clave está en cambiar la lógica
Dejar de pensar en fronteras administrativas y empezar a pensar en personas.
Porque mientras discutimos competencias, hay millones de argentinos que siguen esperando atención, diagnósticos, tratamientos o medicamentos que no llegan a tiempo solo por el lugar donde viven o por el sistema que los cubre.
¿Hasta cuándo vamos a seguir llamando “sistema” a algo que funciona como un rompecabezas desordenado?
Fin del artículo