La exigencia de aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, la emergencia ratificada por la UBA y el CIN, y los nuevos datos sobre salarios, funcionamiento e investigación reabrieron una discusión que excede al presupuesto 2026. Lo que se está degradando es una de las principales herramientas de igualdad de oportunidades de la Argentina, y una de las pocas salidas que tiene nuestro país frente a la coyuntura.
La crisis universitaria volvió a la agenda pública por una razón clara: la ley sigue sin cumplirse. Con las clases ya iniciadas en la UBA y en casi todas las universidades del país, se volvió a exigir al Gobierno la aplicación de la Ley de financiamiento universitario 27.795 y se ratificó la emergencia presupuestaria y salarial de 2026, que ya parece haberse vuelto la regla y no la excepción. En paralelo, el Consejo Interuniversitario Nacional y los gremios, aun con las aulas abiertas, retomaron medidas de fuerza. Pero a esta altura ya no se trata de una discusión técnica presupuestaria. Cuando una ley aprobada por el Congreso no se aplica, cuando los salarios docentes siguen perdiendo y cuando el sistema funciona con recursos insuficientes, lo que entra en crisis no es solo la universidad, se debilita una de las pocas instituciones que todavía producen movilidad social, conocimiento y oportunidades reales de progreso.
Conviene mirar el problema completo. La crisis universitaria no empezó con este gobierno, y esto lo intenta esconder el populismos cuando, el presidente de la nación, Javier Milei, deja claro que en su plan de país no hay universidades públicas. Los datos ya no permiten esconderlo: aun con recomposiciones parciales, el salario docente seguía en 2025 un 28% por debajo del nivel real de 2015, según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA-CONICET; el financiamiento del sistema apenas cubría alrededor de la mitad de lo necesario para funcionar en 2025, de acuerdo con el CIN; y el programa nacional de educación superior podría quedar en 2026 un 30,9% real por debajo de 2023, según estimaciones del IIEP. Ese deterioro no solo golpea el salario. Afecta la docencia, la investigación, la extensión y la calidad final del sistema.
En un país donde millones de familias están pendientes de llegar a fin de mes, discutir universidad queda lejano en el debate público. Pero debería ser exactamente al revés. Cuanto peor está la economía de las familias, más importante es proteger la institución que más oportunidades crea, más desarrollo aporta al país y más posibilidades ofrece a quienes deciden apostar por la Argentina. La propia OCDE muestra que la Argentina está muy por debajo del promedio en finalización de estudios superiores y que un título universitario mejora de manera sustantiva los ingresos. Debilitar la universidad en una sociedad empobrecida no corrige una distorsión: consolida la desigualdad.
A esto se suman los gastos de funcionamiento. El CIN señaló en 2025 que los recursos disponibles cubrían aproximadamente la mitad de lo necesario para operar. Traducido a la realidad: aulas y laboratorios bajo presión, menor oferta de cursos, servicios comprometidos y una capacidad institucional que se erosiona.
El impacto más profundo está en la investigación. La caída en la ejecución de programas de ciencia y tecnología y la salida de investigadores del sistema reducen la producción de conocimiento. Un análisis del sobre el Presupuesto 2026 estima que la función Ciencia y Tecnología de la Administración Pública Nacional quedará 46,4% en términos reales por debajo de 2023 y 7,2% por debajo de 2025. No es abstracto: menos investigación es menos desarrollo en salud, energía, producción y políticas públicas. Es menor capacidad para resolver problemas propios, y menor desarrollo a un país crisis permanente.
Mientras tanto, la agenda pública queda capturada por la urgencia del ingreso. Es lógico: millones de argentinos están enfocados llegar a fin de mes, en la crisis de pago de créditos y hasta como pagar el supermercado. Pero ahí aparece el error de enfoque de buena parte de la dirigencia y de los medios. En una economía que no genera oportunidades suficientes, debilitar la universidad no alivia la crisis: la profundiza, acá es donde los la nueva dirigencia y el coraje deben marcar esta evidencia y sostener el debate sobre la universidad. Menos formación y menos innovación implican menos empleo de calidad y más desigualdad. Se consolida así un proceso de degradación que no empezó ahora, pero que lleva décadas y que cada año alcanza un punto más crítico.
Por eso las ideas del reformismo emergen con cada vez mas vigencia, aunque deban ser releídas desde los desafíos actuales: la excelencia es igualdad con exigencia; el cogobierno, responsabilidad compartida en la conducción y la decisión sobre los gastos. Ese marco permitió construir un sistema que, con recursos limitados, generó movilidad social, conocimiento y capital humano. Allí donde más escasean los recursos, el Estado sigue mostrando algunos de sus mejores resultados.
Eso no impide discutir sus falencias. Hay problemas reales en ingreso, permanencia y egreso; desarticulación con un sistema secundario queda vez de peor calidad; y universidades en el sistema con resultados muy por debajo de lo esperable. Esa discusión es necesaria. Pero no puede darse sobre una base de asfixia presupuestaria. No se mejora lo que se desfinancia.
Los datos internacionales refuerzan el punto. En la Argentina solo el 19% de los jóvenes entre 25 y 34 años completa estudios superiores, frente a un promedio cercano al 48% en países desarrollados. Al mismo tiempo, quienes acceden a educación superior obtienen ingresos significativamente mayores. Es decir: ampliar y mejorar la universidad reduce desigualdad; recortarla la aumenta. Es ahí donde la asfixia presupuestaria recorta oportunidades en un sistema que nuestra sociedad todavía valora, pero que las urgencias cotidianas muchas veces vuelven invisible.
En este escenario, es urgente abordar el contexto global que exige un rol absolutamente relevante de la universidad. La irrupción de la inteligencia artificial, la desinformación, fakenews, los cambios acelerados en el mercado de trabajo y la crisis de atención que atraviesa a nuestras sociedades obligan a repensar qué formación necesita un país para no quedar atrás. La construcción de ciudadanía y de pensamiento crítico también define la calidad democrática de una sociedad. Y ese desafío nos encuentra en este mal momento que lo torna mas complejo de abordar. Hoy la universidad no solo tiene que sostener docencia, investigación y extensión. También tiene que recibir cohortes con trayectorias educativas más frágiles, actualizar planes de estudio, formar pensamiento crítico y preparar profesionales para un mundo donde la tecnología cambia más rápido que las instituciones. Debilitarla en este contexto no es solo ajustar una partida. Es dejar al país peor parado frente a los desafíos de la época.
Este marco no debería desplazar la búsqueda de resultados que las universidades tienen que alcanzar. Al contrario, obliga a discutir no solo cómo garantizar un mejor presupuesto, sino cómo vamos a afrontar un futuro que ya llegó.
No todo el panorama es negro. La Argentina tiene una ventaja que no debería dilapidar: un sistema universitario que, aun con restricciones, sigue produciendo valor, expetos de nivel internacional y oportunidades en todos los niveles. La comparación regional lo vuelve todavía más evidente. Según el informe presupuestario difundido por la UBA para 2024, cada estudiante de la Universidad de Buenos Aires recibió un financiamiento estimado de USD 1.485, mientras que en la UNAM fue de USD 8.180 y en la Universidade de São Paulo de USD 17.942. Dicho de otro modo, la UBA funcionó con un financiamiento por estudiante casi 5 veces menor que la UNAM y más de 10 veces menor que la USP. Y aun así, en el QS World University Rankings 2026, la UBA aparece en el puesto 84, la USP en el 108 y la UNAM en el 136. No son resultados idénticos, pero sí lo suficientemente competitivos como para mostrar algo decisivo: el problema argentino no es la falta de valor universitario, sino la falta de visión política para sostener y potenciar una institución que rinde mucho más de lo que se le permite. Convertir esa fortaleza en variable de ajuste no es eficiencia. Es falta de estrategia.
La discusión de fondo es clara. Cumplir la ley, recomponer salarios y garantizar funcionamiento es la condición mínima. Pero el objetivo es mayor: sostener y mejorar una institución clave para el desarrollo. Tratarla como problema es el error. Entenderla como solución es la única salida.