Por Osvaldo Hugo Heguy
Hay algo que desde hace tiempo me preocupa profundamente de nuestra sociedad argentina, y no se trata exclusivamente de la economía, de los gobiernos de turno ni de las permanentes crisis institucionales que hemos atravesado a lo largo de nuestra historia.
Me preocupa nuestra extraordinaria capacidad para identificar las responsabilidades ajenas y nuestra enorme dificultad para reconocer las propias. Pareciera que hemos construido una sociedad en la cual todos sabemos perfectamente qué debería hacer el otro, qué decisiones debería adoptar un gobierno, cómo debería comportarse un funcionario público y cuáles son las obligaciones que deben cumplir nuestras instituciones. Sin embargo, cuando esa misma exigencia debe trasladarse a nuestra conducta cotidiana, comenzamos a encontrar explicaciones, justificaciones y excepciones.
Queremos un país sin corrupción, pero muchas veces toleramos pequeñas prácticas deshonestas cuando nos resultan beneficiosas. Exigimos el cumplimiento de las leyes, pero cuestionamos su aplicación cuando afectan nuestros intereses. Reclamamos educación de calidad, pero no siempre asumimos el compromiso que implica educar, estudiar y enseñar. Hablamos permanentemente de derechos, mientras las obligaciones parecen haberse convertido en una cuestión secundaria. Y entonces me pregunto: ¿cuánto de aquello que criticamos de la Argentina es, en realidad, una manifestación de nuestra propia forma de comportarnos como sociedad?
No podemos pretender que las instituciones sean mejores que los comportamientos sociales que, directa o indirectamente, contribuyen a sostenerlas.
Desde la sociología, las categorías desarrolladas por Émile Durkheim para explicar el suicidio ofrecen una perspectiva particularmente interesante para reflexionar sobre el vínculo entre el individuo, la sociedad, sus normas y sus instituciones.
Durkheim identificó cuatro tipos de suicidio: egoísta, altruista, anómico y fatalista, vinculados con distintos grados de integración y regulación social. Naturalmente, no se trata de afirmar que la Argentina atraviese alguna forma de suicidio colectivo en sentido literal. Mucho menos de banalizar un fenómeno humano tan complejo y doloroso, se trata de utilizar esas categorías para comprender determinados comportamientos que caracterizan nuestra convivencia y que, quizás, expliquen parte de nuestras dificultades para construir un proyecto común.
El primero de ellos es el suicidio egoísta, asociado a una insuficiente integración del individuo en la vida colectiva.
¿Cuánto individualismo encontramos actualmente en nuestra sociedad?
Observamos personas que reclaman solidaridad cuando atraviesan dificultades, pero que muchas veces se muestran indiferentes ante los problemas ajenos. Nos indignamos frente a las injusticias que nos afectan personalmente, aunque no siempre reaccionamos de la misma manera cuando las víctimas son otros. Se ha instalado progresivamente una lógica según la cual lo importante pareciera ser resolver nuestra situación individual, aun cuando ello no contribuya a mejorar las condiciones generales, el problema es que ninguna sociedad puede sostenerse indefinidamente mediante la suma de intereses particulares desconectados de toda responsabilidad colectiva.
El segundo es el suicidio altruista, que Durkheim relacionó con una integración social excesiva, en la cual el individuo puede llegar a subordinar completamente su existencia a las exigencias del grupo, si trasladamos esta categoría al análisis de determinados comportamientos sociales, podemos interrogarnos sobre nuestra tendencia a identificarnos de manera incondicional con dirigentes, partidos políticos, organizaciones e ideologías.
¿Cuántas veces hemos defendido decisiones que, si hubieran sido adoptadas por quienes piensan diferente, habríamos condenado inmediatamente?, ¿Cuántas veces renunciamos a ejercer nuestra propia capacidad crítica para preservar la pertenencia a un espacio político o social?
La Argentina ha convivido durante décadas con enfrentamientos que muchas veces han convertido la discusión pública en una disputa de identidades, donde lo importante deja de ser la razonabilidad de una propuesta para pasar a ser quién la formula, cuando la pertenencia se transforma en obediencia intelectual, comenzamos a perder algo esencial para la convivencia democrática: nuestra autonomía de pensamiento.
El tercer tipo es el suicidio anómico, relacionado con la insuficiencia de regulación social y con situaciones en las cuales las normas dejan de ofrecer referencias claras para orientar la conducta de las personas, quizás sea esta una de las categorías que más interrogantes nos permite formular sobre la Argentina contemporánea.
Vivimos en un país donde las reglas económicas cambian permanentemente, donde las expectativas individuales muchas veces se encuentran condicionadas por la incertidumbre y donde generaciones enteras han debido modificar reiteradamente sus proyectos de vida. Estudiar, trabajar, ahorrar y esforzarse deberían constituir caminos razonables para alcanzar mejores condiciones de existencia. Sin embargo, hemos atravesado numerosos períodos en los cuales esas conductas no necesariamente se tradujeron en estabilidad económica ni en movilidad social.
¿Qué mensaje recibe una persona cuando cumple con sus obligaciones y observa que quienes las incumplen obtienen ventajas?¿Qué sucede con la confianza colectiva cuando las normas parecen aplicarse con distinta intensidad según la posición económica, política o social de cada individuo?
La anomia no significa simplemente vivir sin leyes. También podemos encontrar situaciones de desorientación social cuando existe una abundante producción normativa, pero falta coherencia, previsibilidad o confianza en su cumplimiento, y aquí aparece una de nuestras contradicciones más profundas: exigimos seguridad jurídica, pero muchas veces somos nosotros mismos quienes relativizamos la importancia de las reglas cuando estas resultan inconvenientes.
Pretendemos estabilidad, pero toleramos la improvisación, reclamamos transparencia, pero justificamos conductas cuestionables según quién las protagonice, nos acostumbramos tanto a vivir en crisis que, en ocasiones, la excepcionalidad parece haberse convertido en nuestra verdadera normalidad.
Finalmente, Durkheim desarrolló la categoría del suicidio fatalista, vinculada con una regulación excesiva, donde las posibilidades individuales se encuentran fuertemente limitadas y el futuro aparece sometido a restricciones opresivas.
Desde una interpretación sociológica contemporánea, esta categoría nos permite pensar en aquellas personas que experimentan una profunda sensación de falta de control sobre sus propias condiciones de vida, trabajadores que no encuentran posibilidades de progreso, jóvenes que consideran que su futuro depende exclusivamente de emigrar, adultos mayores que deben reorganizar permanentemente sus necesidades y familias que viven condicionadas por dificultades económicas que parecen no encontrar solución.
Sin embargo, debemos ser cuidadosos: la frustración económica o la falta de oportunidades no constituyen, por sí mismas, ejemplos del suicidio fatalista. La utilidad de esta categoría radica en preguntarnos qué sucede cuando las estructuras sociales reducen de manera persistente la autonomía y las expectativas de los individuos. Ahora bien, frente a este panorama, existe una pregunta que considero inevitable.
¿Somos exclusivamente víctimas de nuestros gobernantes o también somos responsables de los comportamientos que terminan reproduciendo nuestras dificultades?.
Porque resulta verdaderamente cómodo atribuir todos nuestros problemas a un presidente, a un ministro, a un legislador o a una determinada corriente ideológica.
Los gobiernos tienen responsabilidades institucionales concretas, indiscutibles y jurídicamente exigibles. No pretendo desconocerlas ni trasladar a los ciudadanos las obligaciones propias del Estado. Pero también es cierto que las sociedades participan activamente en la construcción de sus instituciones mediante sus decisiones, sus conductas, sus exigencias y sus silencios. Nos quejamos de la corrupción política, pero ¿qué sucede con la corrupción cotidiana?
Con el intento de obtener una ventaja indebida, con el incumplimiento deliberado de una obligación, con la búsqueda permanente de excepciones particulares y con la facilidad para condenar una conducta ajena mientras justificamos la propia. No son fenómenos jurídicamente equivalentes. La corrupción estatal implica responsabilidades específicas y puede producir daños de enorme magnitud. Sin embargo, esa diferencia no debería impedirnos examinar las pequeñas prácticas sociales que contribuyen a debilitar la cultura de la legalidad. También debemos preguntarnos qué lugar ocupa actualmente la educación.
Hemos desarrollado una sociedad donde el acceso inmediato a la información muchas veces se confunde con conocimiento, donde las opiniones circulan a una velocidad extraordinaria y donde reflexionar parece haberse convertido en una actividad menos frecuente que reaccionar. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas y resultados sin procesos.
Pareciera que cada vez nos cuesta más comprender que la formación, la convivencia democrática y el desarrollo institucional requieren tiempo, esfuerzo, tolerancia y responsabilidad. Nos preocupa lo que nuestros jóvenes piensan, pero pocas veces nos preguntamos qué ejemplo les estamos ofreciendo los adultos.
Cuestionamos sus dificultades para asumir compromisos, mientras ellos observan una sociedad que frecuentemente recompensa la apariencia por encima de la capacidad, la confrontación por encima del diálogo y la conveniencia personal por encima de los principios.
Debemos detenernos en algo fundamental: la Argentina no es solamente el resultado de sus dirigentes. También es el resultado de una cultura social que, durante generaciones, ha aprendido a reclamar cambios sin necesariamente aceptar el esfuerzo personal que esos cambios demandan.
No todos tenemos las mismas responsabilidades ni las mismas posibilidades. Sería injusto exigir idénticos sacrificios a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad y a quienes concentran recursos y poder. Pero esa desigualdad no elimina una pregunta que alcanza a todos, desde nuestros distintos lugares: ¿qué estamos haciendo nosotros para contribuir a la sociedad que decimos querer?
La política puede modificar leyes, diseñar programas, administrar recursos y establecer prioridades. Pero ninguna reforma institucional alcanza por sí sola para transformar una cultura social si no existe una verdadera disposición colectiva a modificar nuestras conductas.
Podemos cambiar gobiernos, sistemas económicos, legislaciones e incluso estructuras constitucionales. Sin embargo, si continuamos reproduciendo los mismos comportamientos, las mismas intolerancias y las mismas justificaciones, posiblemente terminemos encontrándonos con dificultades similares bajo diferentes administraciones. La democracia no puede reducirse al acto de votar cada determinada cantidad de años, ni la ciudadanía puede limitarse a exigir prestaciones sin reconocer responsabilidades.
Ser ciudadano implica participar, respetar, cuestionar, comprender que nuestros derechos conviven con los derechos de los demás y aceptar que nuestras decisiones individuales también tienen consecuencias colectivas. Quizás uno de nuestros mayores errores haya sido convencernos de que siempre existe alguien afuera que debe resolver aquello que nosotros no estamos dispuestos a modificar. Esperamos del Estado, de los gobernantes, de las instituciones, de los docentes, de las familias y de las generaciones futuras, pero pocas veces nos incluimos en esa misma exigencia.
Y mientras tanto, continuamos construyendo una sociedad en la cual el diagnóstico de nuestros problemas parece encontrarse permanentemente terminado, pero nuestra disposición para participar en las soluciones continúa siendo insuficiente. No creo que la Argentina esté condenada al fracaso. Tampoco considero que nuestra historia pueda explicarse exclusivamente mediante una supuesta decadencia moral de sus habitantes.
Tenemos capacidades, recursos, conocimientos y experiencias colectivas que podrían permitirnos construir mejores condiciones de convivencia, pero debemos reconocer que ningún país puede desarrollarse sostenidamente sobre la desconfianza, la indiferencia, la intolerancia y la permanente búsqueda de responsabilidades ajenas.
Las categorías de Durkheim nos recuerdan que la relación entre individuo y sociedad necesita integración, pero también autonomía; necesita normas, pero también reglas razonables; necesita pertenencia, pero jamás obediencia ciega. Y quizás allí se encuentre una de las grandes dificultades argentinas: nos cuesta encontrar un equilibrio entre nuestros intereses personales, nuestras identificaciones colectivas, las exigencias institucionales y las responsabilidades que requiere una verdadera convivencia.
Nos acostumbramos a pensar que la sociedad es algo que está afuera de nosotros, cuando en realidad somos nosotros mismos quienes la conformamos, la reproducimos y, en muchos casos, contribuimos a deteriorarla. Por eso, antes de preguntarnos nuevamente cuándo cambiará la Argentina, deberíamos comenzar por formularnos una pregunta bastante más incómoda:
¿Cuánto estamos verdaderamente dispuestos a cambiar nosotros para que la Argentina sea diferente?
Porque ningún proyecto de país puede construirse únicamente mediante la esperanza de que otros hagan aquello que nosotros no estamos dispuestos a hacer, y porque, finalmente, la transformación más difícil de una sociedad no comienza necesariamente en sus leyes ni en sus gobiernos. Comienza cuando sus propios integrantes abandonan la comodidad de ser espectadores de sus problemas y asumen la responsabilidad de convertirse en protagonistas de sus soluciones.
