Tensión con la Ley de Tierras
El Gobierno de Javier Milei lanzó en octubre de 2026 el Programa de Ciudadanía por Inversión, que permite a extranjeros obtener la nacionalidad argentina mediante un aporte no reembolsable de US$350.000 al Tesoro o la compra de un título público por US$800.000. La iniciativa, presentada por Luis Caputo en París, busca atraer capitales y posicionar al país en el mercado global de migración por inversión.
Sin embargo, la propuesta abre un debate institucional profundo: ¿puede la ciudadanía convertirse en un bien transable? La Ley 26.737 de Tierras Rurales, sancionada en 2011, estableció límites claros a la adquisición de tierras por parte de extranjeros, precisamente para resguardar la soberanía sobre recursos estratégicos. Hoy, el nuevo esquema de ciudadanía por inversión parece tensionar ese principio, al habilitar un acceso extraordinario a la nacionalidad sin vínculo territorial ni social previo.
El caso se complejiza con la participación de Henley & Partners, firma internacional de origen ingles , que reconoce haber mantenido talleres y reuniones con funcionarios argentinos durante 18 meses. Mientras el Gobierno admite asesoramiento externo, niega vínculos directos con la empresa. Los registros oficiales muestran visitas de su CEO a la Casa Rosada en 2025, en plena etapa de diseño normativo.
La empresa Britanica inicia recepcion de solicitudes a partir de octubre 2026.Ya esta publicada la oferta en la pagina web oficial de Henley &Partners.
La contradicción es evidente: el Estado asegura controles de seguridad y origen de fondos, pero una compañía privada ya comercializa la ciudadanía argentina como producto. El antecedente de Malta, cuyo programa fue cuestionado por la Unión Europea, advierte sobre los riesgos de transformar la nacionalidad en un mecanismo financiero.
La pregunta de fondo sigue abierta: ¿qué significa ser ciudadano argentino? ¿Un aporte económico puede reemplazar la residencia, el arraigo y el vínculo con el territorio que la Ley de Tierras buscó proteger? Cabe destacar que los inversores no necesitan radicarse en Argentina para obtener el pasaporte y la ciudadania . Se convierte asi en una herramienta legítima de atracción de capitales o en un nuevo capítulo de controversia sobre dinero, soberanía y pertenencia nacional